Ex presidente de Perú Alberto Fujimori
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SANTIAGO (AFP) -
Un incierto escenario judicial espera a Alberto Fujimori en la Corte Suprema de Justicia chilena, donde cinco magistrados analizarán en apelación un pedido de extradición peruano, mientras crecen las repercusiones políticas en Lima, Santiago y Tokio tras el fallo favorable al ex presidente emitido el miércoles.
La Segunda Sala del máximo tribunal chileno será la encargada de sellar en no menos de tres meses la suerte del ex mandatario tras el fallo que emitió el juez Orlando Alvarez, quien negó su extradición.
El magistrado desestimó los 12 delitos de corrupción y violación a los derechos humanos en los que estaba fundado el pedido de Lima, en un fallo contrario al informe que hace un mes emitió la fiscal de la Corte Suprema Mónica Maldonado, quien sí recomendó su extradición.
Esa diferencia de opiniones -no habitual- alimentó versiones sobre presiones de los gobiernos de Santiago y Lima al juez Alvarez, desestimadas por el propio funcionario.
"No he recibido presiones ni de este gobierno ni de gobiernos extranjeros, y si firmé el fallo es porque estoy conforme", señaló el magistrado.
El miércoles, la presidenta Michelle Bachelet negó "tajantemente" haber presionado al poder judicial, aunque este jueves resaltó la trayectoria de Chile en materia de Derechos Humanos, lo que fue interpretado como una abierta indicación del camino que deben seguir los jueces de la Segunda Sala.
"Todos debemos estar satisfechos de que Chile es uno de los países de América Latina que más ha hecho a favor de la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de sus familias", dijo Bachelet.
"Los informes Rettig y Valech (sobre DDHH) nos han permitido reconstruir una identidad nacional basada en la convicción moral de rechazar en todo tiempo y lugar las violaciones a los derechos humanos", agregó.
La decisiva Segunda Sala está presidida por el juez Alberto Chaigneaux y es integrada por otros cuatro magistrados: Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros y Hugo Dolmestch.
Los jueces tienen opiniones dispares en materia de corrupción y violaciones a los derechos humanos, por lo que su decisión respecto a Fujimori es incierta.
En círculos judiciales, la sala es considerada como 'pro derechos humanos', ya que suele rechazar la aplicación de una Ley de Amnistía a procesados por abusos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
En tribunales se estima posible que los jueces rechacen la extradición por algunos de los 12 delitos y la acojan por otros.
Cualquiera sea la decisión, el gobierno chileno se verá complicado, opinó el analista Patricio Navia.
"El caso Fujimori complica al gobierno, pase lo que pase. Si hay extradición, entonces el gobierno se complica porque le pasa una 'papa caliente' a Perú, donde Fujimori tiene bastante apoyo todavía", dijo Navia a la AFP.
"Si no hay extradición, entonces el gobierno se complica por el lado de su compromiso con la defensa de los derechos humanos", agregó.
En su visión, el mejor escenario para Bachelet es que el proceso se alargue lo más posible.
En Perú, donde la decisión del juez Alvarez cayó como una bofetada entre sectores de derechos humanos y una gran mayoría de la clase política, analistas consideran que habrá presiones crecientes sobre el presidente Alan García para que muestre en Chile el interés del Estado peruano en este caso.
Esa es la opinión del ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado: "Se dice que éste es un tema judicial y que el Estado peruano no debe meterse. ¡Por favor! ¿Cuándo el Estado peruano le ha dicho a los políticos o congresistas de Chile claramente que queremos a Fujimori en Perú?. Nunca. Ese momento ha llegado hoy".
Otra presión para el Estado peruano proviene de los presuntos vínculos del gobierno con el fujimorismo.
Según el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, citado en La Tercera de Chile, para García "sería un grave problema tener a Fujimori en el Perú. Políticamente afectaría su no tan oculta alianza con el fujimorismo".
Las repercusiones se extienden a Japón, donde Fujimori participará, a pesar de su arresto domiciliario, como candidato al Senado en la elección parlamentaria del próximo 29 de julio por el Nuevo Partido del Pueblo (NPP).
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