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El arbitraje es un seguro de vida El TLC incorpora elementos políticos y jurídicos para un ambiente seguro y justoLorena Vásquez Badilla Diputada, jefa de fracción pusc El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, si bien es un instrumento para el desarrollo de la política comercial del país, también debe concebirse como un mecanismo para crear un clima positivo para la inversión nacional e internacional, que incorpora elementos políticos y jurídicos necesarios para crear un ambiente seguro y justo cuando existan controversias en las relaciones comerciales. Los detractores de este instrumento comercial pareciera que desconocen la realidad nacional e internacional. Este tratado no es ni el primero ni el único que incorpora mecanismos de arbitraje constitucionalmente válidos, como los incluidos en los capítulos 10 y 20 de este, aplicados por la Organización Mundial del Comercio y reconocidos internacionalmente por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones o la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional. Resolución favorable. Recientemente, un juez federal del Distrito Sur de Nueva York emitió una resolución que obliga a Chevron Texaco a someterse a las leyes ecuatorianas y a las decisiones emanadas de la Corte Superior de Lago Agrio, al negarle una demanda planteada que pretendía obligar al Gobierno a someterse a un arbitraje, para evadir así la jurisdicción de las cortes de justicia en el juicio que se le sigue como responsable por graves impactos ambientales, humanos, culturales y sociales. Lo ocurrido, aunque lamentable, ha puesto a prueba un importante mecanismo para la resolución de controversias, ya que no solo reconoce la jurisdicción y competencia de la justicia ecuatoriana, sino que también nos demuestra que en el mundo del comercio internacional, estos mecanismos se convierten en seguros de vida para los diversos actores. Este mismo procedimiento se había puesto también a prueba en 1996, en una disputa comercial de nuestro país con EE. UU. en materia de textiles. En esta ocasión, felizmente, un país pequeño pudo defender adecuadamente sus intereses comerciales y validar los recursos que ofrece el Derecho Internacional. Validez del arbitraje. En el plano nacional, nuestro país también provee disposiciones que regulan la materia, de manera que el Estado y los entes públicos ya están facultados, por diversas leyes, para recurrir al arbitraje, como lo son la Ley General de la Administración Pública, la Ley de Expropiaciones y la Ley de Resolución Alterna de Conflictos. Asimismo, la Sala Constitucional ha confirmado la validez del arbitraje en asuntos de derecho público, garantizando la seguridad para los inversionistas extranjeros, que visualizan a Costa Rica como una opción segura y estratégica. Por esto precisamente resulta incomprensible que países como Cuba o Venezuela, que también contemplan mecanismos similares en convenios bilaterales de inversión, pretendan beneficiar una posición negativa al TLC, en detrimento del desarrollo económico nacional y bajo el sustento de una evidente violación de nuestra soberanía y el derecho que tenemos los costarricenses de escoger nuestro propio modelo de desarrollo, por tantos años reconocido y respetado en el mundo. De manera que, a diferencia de lo expresado por don Rolando Araya, al inaugurar la campaña a favor delno al TLC , considero que, lejos de pretender doblar el brazo a la Sala Constitucional, debemos esperar una resolución que valore objetivamente el tratado, como parte de un modelo país, al que aspiramos, para alcanzar el desarrollo y así ubicar a Costa Rica en un espacio privilegiado en el concierto de las naciones.
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