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EDITORIALEspionaje contra la prensa En su manejo de la información, las instituciones deben ser muy cuidadosasUna decisión del Banco Popular condujo a usar medios delictivos para espiar a un periodista Preocupada, según su versión oficial, por la supuesta “fuga de información” desde el Banco Popular, la junta directiva de esa entidad decidió, el 22 de marzo, autorizar a su auditor, Manuel González Cabezas, para contratar “personal especializado para realizar la investigación” en torno a las presuntas filtraciones. A simple vista, parece una decisión normal. Toda empresa financiera tiene derecho a resguardar información confidencial, sea que se refiera a los negocios de sus clientes, a estrategias de negocios o a decisiones vinculadas con ambos. El Banco Popular está en esa categoría. Pero ocurre que también es una entidad pública, creada por ley, que se nutre del dinero que, obligatoriamente, cotizan todos los asalariados, y que, supuestamente, pertenece a todos los trabajadores del país. Por lo anterior, este banco, así como los que pertenecen directamente al Estado, deben ser particularmente equilibrados al establecer la línea entre la información que, razonablemente, y en función de su actividad, debe ser confidencial, y aquella que, por su naturaleza institucional, debe estar precisamente a disposición del conjunto de los ciudadanos y, particularmente, de los trabajadores, que somos la mayoría. Y más equilibrados, cuidadosos y pulcros deben ser con los mecanismos a los que acuda para investigar o evitar las “fugas”. Desgraciadamente, la directiva del Banco Popular no tuvo en cuenta estas consideraciones, y lo que decidió en la sesión de directiva comentada condujo, en la realidad, a que el “personal especializado” realizara una virtual labor de espionaje contra el periodista David Leal, de este periódico. Peor aún, en el proceso se acudió a un procedimiento claramente delictivo para obtener parte de esa información, porque fue mediante la falsificación de la firma y cédula de nuestro redactor como se pretendió obtener, de parte del Instituto Costarricense de Electricidad, un listado de las llamadas hechas o recibidas él. Se trata de un hecho de extrema gravedad, por partida doble. Primero, porque la “filtración” informativa que tanto preocupaba a los directores bancarios se refería a decisiones ya tomadas, sobre manejo de inversiones y adquisición de sistemas informáticos, entre otras, que en nada ponían en riesgo la confidencialidad de su estrategia, de sus transacciones o de sus clientes. Es decir, lo que se quería era evitar, simple y llanamente, que los costarricenses, vía el trabajo del periodista y el periódico, conocieran sobre el manejo de una institución de la que, teóricamente, somos dueños. Pero lo más grave es la ligereza y falta de parámetros con que se autorizó al auditor para seleccionar al “personal especializado”, y la decisión de este de contratar a una empresa de detectives, uno de cuyos socios, exagente del Organismo de Investigación Judicial, había sido condenado en 1999 a un año de prisión por “abuso de autoridad”, aunque se le dio la ejecución condicional de la pena. Aún no se ha probado fehacientemente la vinculación entre esa agencia y la persona que se presentó con la carta falsificada a una agencia del ICE, para obtener el listado de llamadas. Sin embargo, cuesta creer que incurriera en este delito por generación espontánea. Y, ante los hechos, lo que el auditor ha dicho, olímpicamente, es esto: “los medios de ellos (los detectives contratados) no son competencia de nosotros… partimos de que todo está bajo el marco de la ley”. Curiosa forma de pensar, nada menos que de una persona cuya profesión y responsabilidad es son, precisamente, velar por los buenos procedimientos de otros. El caso está en manos de las autoridades. Esperamos que la investigación sea rápida y eficaz, y que todos los responsables sean condenados. Pero, más allá de la dimensión judicial, hay una faceta de responsabilidad y seriedad elementales, y de prudencia en el manejo de una institución pública, que la directiva del Banco, claramente, violentó, en un afán de secretismo que habla muy mal de su presunta, pero irreal, transparencia.
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