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Ladrones y traficantes son dueños de puestos policiales En Granadilla Norte, Curridabat, utilizan caseta para vender drogas181 puestos policiales cerrados por precarias condiciones Nicolás Aguilar R. naguilar@nacion.com Frente a la delegación policial de Granadilla Norte, Curridabat, San José, no hay policías. En su lugar están dos hombres de mal aspecto a quienes los vecinos temen porque “venden drogas y, además, asaltan”. Dentro de la caseta, pulcramente pintada de azul y blanco, colores oficiales de la Fuerza Pública, varios jóvenes, con el pelo revuelto y la ropa sucia, consumen crack y ríen a carcajadas.
En el barrio Limón 2000, en Limón, la garita también es guarida de traficantes y drogadictos, quienes aprovechan la estratégica posición del puesto para asaltar a quienes pasan cerca. En otras comunidades, como San Rafael de Quircot, Cartago, la sede de la Policía fue desmantelado por adictos al crack quienes, inclusive, se robaron el teléfono público que se encontraba frente al edificio. Los mismo sucede en Los Altos de Peralta, en Grecia, Alajuela, donde los delincuentes también hicieron fiesta con una caseta de la Fuerza Pública: robaron parte del techo, la instalación eléctrica y el servicio sanitario. “A partir de las seis de la tarde no se puede salir porque los pandilleros se apoderan del barrio. Salen a consumir drogas en media calle y para ver a quien atacan. He visto delincuentes disparando al aire, como si esto fuera el viejo oeste”, se queja Jorge Elizondo, vecino de Limón 2000.
El viejo refrán según el cual “cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta”, ilustra la situación que prevalece en muchas sedes policiales abandonadas por falta de recursos. Esos puestos fueron usurpados por delincuentes e indigentes. Traficantes de drogas, asaltantes, adictos al crack y alcohólicos, son hoy amos y señores de las delegaciones policiales, lo que llena de preocupación a los vecindarios, desprovistos de protección. Algunos puestos, como una garita junto al puente sobre el río Chimurria, en Upala, es utilizada como “hospedaje temporal” por indocumentados nicaragüenses en su travesía hacia el Valle Central. Otras, como la delegación de La Palma, Pérez Zeledón, fue tomada por hampones para refugiarse después de tachar vehículos y robar en casas de esa comunidad. “Yo vivo frente a esa caseta y es terrible saber que, en lugar de policías, tenemos delincuentes allí”, exclama Maritza Altamirano.
Las delegaciones que no están en poder del hampa han sido desmanteladas por adictos, quienes venden las latas de zinc y otras partes del inmueble en chatarreras. Eso sucedió en San Rafael de Quircot, Cartago, entre otros sitios, donde lo único que se salvó fue el piso de concreto de la sede policial. Según el viceministro de Seguridad, Rafael Gutiérrez, hay 181 delegaciones desmanteladas en todo el país. “Así las recibimos de la anterior administración y todavía estamos corriendo para repararlas”. Por ahora, Seguridad solo tiene ¢800 millones para esas tareas. Colaboraron Carlos Hernández, Gabriela Gätjens, Juan Diego Jara, Laura Iglesias y Jorge Esquivel, corresponsales.
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