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Sociedad y Servicios País carece de un centro que se especialice en atender el problema Esteban Oviedo eoviedo@nacion.com Muchos menores adictos a las drogas regresan a las calles poco después de ser atendidos por las instituciones públicas, en parte porque el Estado carece de programas suficientes para procurar su rehabilitación. Hasta el momento, los esfuerzos estatales no logran cubrir la demanda de niños callejeros farmacodependientes. En San José, donde hay más casos, a cada menor recibido el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) primero le hace una prueba de detección de drogas en alguna clínica de la CCSS. Si la prueba sale positiva o existe historial de adicción, la primera alternativa es enviar al niño a un programa de la CCSS denominado Nuevos Horizontes, en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Pero allí solo hay ocho campos y siempre están llenos, dijo Marita Vargas, jefa del Programa de Atención Integral del PANI. Solo en el primer trimestre de este año se recibieron 80. La otra opción es enviarlos a una organización no gubernamental (ONG), pero estas también tienen cupo limitado o no atienden niños adictos sin vínculo familiar, agregó Vargas. “Le soy honesta, yo no soy de las que están practicando mucha ronda. De nada me sirve salir a la calle”, comentó la funcionaria del PANI, quien explicó que prefiere atender a quienes llegan por su cuenta o referidos por el público. “Me pueden decir: ‘Marita, venga aquí, en La Merced hay un niño’. ¿Para qué voy a recogerlo, si no tengo dónde ubicarlo? Mi problema es que la CCSS y el IAFA distan mucho de la capacidad de atención que ellos requieren”. Hace dos años, la Sala IV ordenó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) brindar la rehabilitación a los menores. Para ello, se planeó construir un centro en la sede del IAFA, en Montes de Oca, con capacidad para 60 menores. Allí, los programas serán de seis meses, pero la obra estará lista a mediados del 2008. Así lo indicó Giselle Amador, directora del IAFA, quien afirmó que ha sido difícil ejecutar la obra. Mientras tanto, se habilitó el Psiquiátrico, cuya atención es de seis semanas por niño. A veces, añadió Marita Vargas, acuden a un juez para que el hospital reciba a los menores, “así sea en el pabellón de emergencias”. Salida en falso. La experiencia al terminar el internamiento en el Psiquiátrico tampoco ha sido exitosa, afirmó Vargas. “Van una semana o un día a una comunidad terapéutica y, no le miento, a veces el chiquillo vuelve primero a San José que nosotros”. La funcionaria recordó que en el trimestre de este año de 16 personas enviadas a un centro de tratamiento ninguna se quedó. Un menor de la calle consultado en las inmediaciones del Ministerio de Salud comentó: “Es que el PANI ya no es lo mismo. Imagínese que lo mandan a uno al Psiquiátrico y no me gusta estar ahí”. “Yo he estado cuatro veces ahí”, agregó otro. “Dicen que uno tiene una enfermedad, pero todo tiene cura”. Luego, el primero continuó: “Tenemos dos días de no consumir. Yo aceptaría un centro donde prediquen la palabra al 100%, enseñen y lo metan a uno al INA”. Mario Víquez, presidente ejecutivo del PANI, reconoció que el país tiene un atraso de 15 años en este tema, pero aseguró que el Patronato “hace milagros” por atenderlo. Según Víquez, su institución invierte ¢1.000 millones en rondas con la Policía Municipal, atención propia y financiamiento de ONG especializadas en tratamiento. El jerarca expuso que el Patronato paga por 150 cupos en organizaciones no gubernamentales de atención a niños de la calle. “El PANI no ha escatimado esfuerzos ni recursos”, aseveró.
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