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Foto Principal: 1651931
Ayer por la tarde, la Unidad de Fraudes de la Fiscalía y oficiales del OIJ allanaron el Banco Popular.
Eddy Rojas
Auditor interno contrató a detectives privados

Política
Banco Popular investiga fuga de información a la prensa

Junta directiva del Banco autorizó contratación por unanimidad
Fiscalía allanó oficinas del Popular y secuestró el informe de investigadores

Giannina Segnini, Ernesto Rivera y Hazel Feigenblatt
gsegnini@nacion.com

El auditor interno del Banco Popular, con autorización de la junta directiva de esa entidad, contrató a dos detectives privados para investigar “fuga de información” a la prensa.

Los investigadores contratados, Randall Ruiz Rojas y Raúl Quirós Bolaños, entregaron un informe preliminar en el que señalan a un funcionario del banco como sospechoso de entregarle información a La Nación y a otros medios de comunicación.

Ese informe, así como el expediente de la contratación y varias actas de la junta directiva, fueron secuestrados ayer por la Unidad Especializada en Fraudes del Ministerio Público.

Un equipo de fiscales y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó ayer en la tarde las oficinas de la auditoría y de la junta directiva del Banco Popular, ubicadas en San José.

La Unidad de Fraudes confirmó anoche que el contrato de los detectives se hizo por la suma de ¢1,8 millones y contó con la autorización presupuestaria de la junta directiva.

El 22 de marzo, en sesión de junta directiva, el auditor Manuel González Cabezas informó de que la Auditoría procedería a contratar servicios profesionales para una investigación.

El acta de esa sesión transcribe así la iniciativa : “(el oficio del auditor) se refiere a la necesidad de controlar la fuga de información que se ha venido presentando en el Banco. En virtud de ello, se propone la contratación de personal especializado para realizar la investigación”.

Tras la propuesta, la vicepresidenta de la junta directiva del banco, Olga Quirós Mc Taggart, mocionó para dar por recibida la iniciativa y solicitarle al auditor que diera seguimiento al tema.

La propuesta la aprobó la junta directiva por unanimidad ese mismo día y se le comunicó a la gerencia general.

Procedimiento interno. Ana Isabel Solano, presidenta de la junta directiva del Banco Popular insistió en que se trató de una iniciativa del auditor González, que está totalmente facultada por la Ley de control interno.

“La auditoría tiene la potestad de realizar cualquier tipo de investigación que considere necesaria, es una facultad de los auditores. La ley les confiere total discreción para hacerlo”, argumentó.

Solano enfatizó que la junta directiva no ha dado autorización para que se investigue a los medios de comunicación ni a los funcionarios que suministran información a la prensa.

La presidenta adujo desconocer el informe preliminar que presentaron los investigadores. “Esa es información que todavía no ha conocido la junta. Si usted tiene una copia de ese documento, eso demuestra que están fallando nuestros controles internos”, dijo.

Consultada sobre cuáles fugas de información la junta aprobó investigar, Solano respondió: “Es únicamente para saber cómo estamos en nuestros procedimientos internos, eso es absolutamente normal. (...) Hoy sale esto, mañana puede salir cualquier información que afecte el funcionamiento del banco”.

Asunto “oficial”. El auditor interno, Manuel González Cabezas, expresó anoche que la contratación “es un asunto oficial del banco” al cual no se puede referir.

“Hay una compañía contratada para unos propósitos y los alcances y los medios de ellos no son competencia de nosotros”, arguyó..

González aclaró que la junta directiva autorizó la contratación. “Nosotros partimos de que todo está bajo el marco de legalidad, no estamos tutelando ningún tipo de ilegalidad ni mucho menos”.

Uno de los detectives contratados por el banco, Raúl Quirós Bolaños, fue condenado a un año de prisión por el delito de abuso de autoridad en mayo de 1999.

El exagente de la sección de Asaltos de la Policía Judicial recibió el beneficio de ejecución condicional de la pena.

Quirós Bolaños fue uno de siste exagentes del OIJ procesados en relación con el caso de William Lee Malcom, un supuesto pandillero de 16 años. El joven falleció en 1993, unas horas después de que fue detenido y llevado a la sede de la Policía Judicial, donde supuestamente recibió una paliza.

Ayer se intentó contactar a los investigadores Quirós y Ruiz para conocer su versión sobre la investigación que realizan, pero ninguno devolvió los mensajes que se dejaron con sus familiares.

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