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América Latina Pueblo, México. AFP. Los trabajos de rescate de los pasajeros del autobús que el miércoles quedó sepultado por un alud de tierra en una zona montañosa del centro de México concluyeron ayer, viernes, tras haberse recuperado 32 cadáveres y descartado la posibilidad de más víctimas. “Estamos seguros que solo viajaban en el autobús 32 pasajeros (incluido el conductor) y que son los cadáveres que encontramos”, explicó Miguel Ángel Martínez, director de Protección Civil del estado de Puebla, donde se produjo el accidente. En los primeros momentos se había hablado de al menos 40 pasajeros y luego el Gobierno de México amplió la cifra a 60. Según el reporte final del Gobierno poblano, 30 de las víctimas están plenamente identificadas y los restos fueron entregados a sus familiares, mientras que sigue sin conocerse la identidad de otras dos mujeres de 35 y 14 años. Las edades de las víctimas, en su mayoría estudiantes y campesinos, oscilan entre los seis y 44 años, incluidos un niño de seis años y otro de nueve. Tras haber encontrado la carcasa del autobús que la madrugada del miércoles fue arrastrado y sepultado por toneladas de tierra y roca cuando circulaba por la Sierra Negra de Puebla, los equipos de rescate suspendieron los trabajos tras casi dos días de búsqueda. “Incluso cuando fue encontrado el vehículo se hizo un rastreo de seguridad que consiste en rascar de dos a tres metros hacia los costados de donde se encontró la unidad para ver si existía algún cadáver que pudiera haber salido expulsado del autobús, pero no se encontró nada”, añadió Martínez. En caso de que hubiera más víctimas entre los pasajeros, “ya hubiera habido alguna denuncia sobre personas desaparecidas o que no hayan regresado a sus casas, pero hasta el momento, no existe ninguna”, concluyó. Aunque desde el jueves se daba oficialmente por descartado que pudiera haber sobrevivientes, decenas de rescatistas y soldados retiraron los centenares de toneladas de tierra y rocas que cubrían el autobús entre fuertes medidas de seguridad por el riesgo de nuevos desprendimientos. Las autoridades locales se han comprometido a otorgar pensiones económicas mensuales a los familiares de las victimas.
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