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América Latina Bogotá. EFE. Las FARC, el principal grupo guerrillero de Colombia, guardaron ayer silencio ante el grito unánime de los colombianos en pro de la libertad de los secuestrados en su poder. Veinticuatro horas después de las multitudinarias marchas que en su país y en otros muchos protagonizaron los colombianos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no habían dado señal de haber escuchado la exigencia de sus compatriotas. Más de 3.000 personas están secuestradas en Colombia, de las cuales más de 700 están en manos de las FARC, según organizaciones no gubernamentales. En la página web de la organización armada de izuierda, lo más reciente es un editorial del 21 de junio acerca de un canje humanitario para intercambiar rehenes por guerrilleros presos. Las FARC han insistido reiteradamente en la necesidad de un despeje o desmilitarización de territorio para llegar a acuerdos, pero el Gobierno se ha opuesto también de manera reiterada. La última apuesta a favor del despeje como medio de facilitar un acuerdo humanitario proviene del expresidente Andrés Pastrana (1998-2002) y ha obtenido también un “no” como respuesta. Un comunicado oficial aseveró que “una nueva zona de despeje sería la nueva versión del Caguán convertido en estímulo al crecimiento guerrillero y paramilitar”. Intento. El municipio de el Caguán, junto con otros del suroeste de Colombia, con una extensión de cerca de 39.000 kilómetros cuadrados, fueron desmilitarizados en 1998 por el gobierno de Pastrana para un proceso de paz con las FARC, que se mantuvo hasta febrero del 2002 y finalmente fracasó. Para Uribe, el Caguán se convirtió entonces en “una zona de tránsito hacia la casi toma del poder por parte de la guerrilla terrorista”. El también expresidente Ernesto Samper (1994-1998) defendió ayer la necesidad de buscar un acuerdo humanitario y pidió que el Gobierno y las FARC se sienten a dialogar para hacer posible el regreso de los secuestrados a sus hogares. Exigió igualmente de la guerrilla la entrega de los cadáveres de los once diputados del suroccidental Valle de Cauca, secuestrados hace cinco años y asesinados el mes pasado, sin condiciones.
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