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Alterra: inseguridad jurídica El desarrollo necesita reglas claras y seguridad jurídicaHéctor L. García Salgó Presidente Alterra Partners Costa Rica En referencia al artículo del señor Rafael Chinchilla, publicado el 16 de junio, es muy lamentable que personas escriban sobre la Gestión Interesada del Aeropuerto Juan Santamaría (AJS) sin informarse adecuadamente y, en lugar de contribuir constructivamente con soluciones, confundan a quienes tienen el derecho a saber lo que ha ocurrido en la modernización del AJS. En 1998 participé en la elaboración de la oferta para la licitación Pública 01-98 “Contrato de Gestión Interesada” (CGI). En la licitación participaron cuatro consorcios de empresas internacionales de primer nivel. La adjudicación se realizó tras el análisis que hizo un comité de evaluación que designó el Gobierno, y que incluyó a los licenciados José Rafael Brenes Vega, Manrique Jiménez Meza, Alberto Trejos Zúñiga, Jorge Vargas Araya, Fabiana Gutierrez, la administradora de empresas Jill Jamieson y la ingeniera María Lorena López Rosales. Este comité consideró que la propuesta ganadora fue la del Consorcio AGI, por su apego a las reglas del cartel y los términos ofrecidos, e hizo su recomendación que finalmente se tradujo en la adjudicación por parte del CETAC. Contrario a la práctica internacional, el CGI se negoció por casi un año, ya que no existía un contrato en el cartel y hubo que desarrollar un contrato excesivamente complejo. Ese contrato fue refrendado por la Contraloría General de la República en diciembre de 2000 y fue la base para que la IFC (grupo Banco Mundial), aprobase un financiamiento por $120 millones para las inversiones en el Santamaría (primer crédito de este tipo aprobado por más de 10 bancos internacionales). Usted ha especulado sobre actos de corrupción en el proyecto del aeropuerto. Lo insto, si tiene pruebas que demuestren actos ilegales en la adjudicación o ejecución del proyecto, a que las presente a las autoridades judiciales. Es inmoral hacer insinuaciones sobre un proyecto que ha sido de difícil desarrollo, y donde la empresa que arriesga capital solamente ha querido que le dejen trabajar respetando los contratos, así como la empresa ha respetado las decisiones del Estado costarricense. Plazo de 5 años. Ni los bancos, ni la empresa están pidiendo modificaciones al CGI. La ampliación del plazo por 5 años está contemplada en el CGI. Tampoco se está tratando de recuperar por tarifas costos más allá de los ofertados, se llevará a tarifas estrictamente el costo permitido por el contrato. El problema de este proyecto es la falta de conocimiento del CGI y una deficiente supervisión: en 6 años no se ha fiscalizado la ejecución por parte del Estado. Durante la ejecución del contrato han pasado cinco ministros y seis inspectores generales del órgano fiscalizador, muchos de los cuales se han ido ante amenazas e intimidaciones. El proyecto se financia con créditos de la IFC y de 10 de los bancos más importantes del mundo. Los bancos han auditado los montos invertidos en el AIJS. Un grupo de más de 10 bancos internacionales no permitirían actos de corrupción como los que usted insinúa ni permitiría que no se hayan aplicado bien los fondos que desembolsaron; este es uno de los proyectos más fiscalizados por bancos acreedores, por eso es delicado e injurioso decir lo contrario. Costa Rica invitó, hace 8 años, a un grupo de inversionistas y bancos a invertir en el país sin ofrecer la seguridad jurídica que garantice la ejecución de los proyectos. No resultaría aceptable que el Estado cambie las reglas del juego después de que se han invertido $120 millones ni tampoco una inacción de 4 años. Lo invito a visitar a los personeros de Alterra para que le muestren documentos y pueda comprobar lo que le he expresado. Costa Rica tiene todos los elementos para ser líder en la atracción de capital, tiene todos los elementos para alcanzar el desarrollo que ha vislumbrado el presidente Óscar Arias en los próximos 20 años, pero para ello se necesitan reglas claras y seguridad jurídica.
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