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Un voto previsible

Objeciones por prejuicios ideológicos, no por razones constitucionales

Rubén Hernández Valle
Abogado

El voto de la Sala Constitucional que declaró que el TLC no contiene vicios de inconstitucionalidad era previsible por varias razones.

Primero, el tratado no contenía ningún vicio de procedimiento, pues tanto la Comisión de Asuntos Internacionales como el Plenario tuvieron el cuidado de tramitarlo con apego irrestricto a la Constitución y al Reglamento Interno. Ahora la Sala lo ratifica categóricamente.

En lo sustantivo, tampoco la resolución produce mayor sorpres, pues quien haya leído el tratado con detenimiento y sin al antifaz del dogmatismo enceguecedor de sus detractores puede constatar lo que cinco magistrados de la Sala dijeron: no contiene cláusulas contrarias al derecho de la Constitución.

Los cuestionamientos de la UCR –por cierto suscritos en su mayoría por personas ajenas a las Ciencias Jurídicas– era muy endebles y carentes de profundidad, como ha quedado demostrado, reiteradamente, cuando han sido enfrentados públicamente con algu- nos funcionarios de Comex y especialistas en materia constitucional.

Premisa falsa. La consulta de la Defensoría, en la gran mayoría de sus argumentaciones, partía de una premisa falsa: que el tratado derogaría la legislación vigente en lo ambiental, de seguridad social, etc., y como lógicamente su texto no contempla todas las materias que cubren estas disciplinas, entonces existe inconstitucionalidad por omisión. Obviamente, tal razonamiento era a todas luces equivocado, pues el tratado no deroga el ordenamiento vigente, sino que más bien lo complementa y lo enriquece.

Las objeciones del PAC y compañeros de viaje, basadas muchas en el documento de la UCR, también eran débiles y carentes de rigurosidad jurídica. Da la impresión de que dispararon con escopeta para ver si pegaban alguna, sin cuidarse de profundizar los supuestos vicios de inconstitucionalidad de las cláusulas en las que podía haber alguna duda razonable acerca de la legitimidad constitucional.

Sin embargo, cometieron el error de impugnar prácticamente todo el tratado, con lo que pusieron de manifiesto la falta de seriedad de la consulta, pues un elemental principio del sentido común nos indica que no puede haber un tratado que sea inconstitucional prácticamente en todos sus capítulos. Sería admitir que quienes lo negociaron son retardados mentales o fueron comprados por los negociadores de los otros países, lo que es un insulto para la inteligencia y la honra de los distinguidos costarricenses que prestaron sus luces para lograr un texto final equilibrado y muy beneficioso para el país.

Rayando en hilaridad. Algunos de los argumentos esgrimidos producen casi hilaridad, como el relativo a la definición territorial. Sinceramente es difícil explicarse que alguien, en sus cabales, pueda plantearse la duda de que se estaba en presencia de un supuesto vicio de inconstitucionalidad.

El 90% de las objeciones formuladas ya habían sido resueltas por la Sala en las consultas de los TLC anteriores, pues este tratado solamente difiere de aquellos, en su parte sustancial, en que establece la apertura de los monopolios de seguros y de telecomunicaciones. En todo lo demás aspectos es prácticamente una copia al carbón de los otros TLC. En realidad, en esta materia nadie inventa el agua caliente, pues todo está inventado desde hace tiempo, sobre todo en temas comerciales en los que hay lógica tendencia a uniformar los tratados internacionales para profundizar la apertura de los mercados.

En este caso, las objeciones se han dado simplemente porque uno de los firmantes es Estados Unidos. Es decir, las objeciones al TLC no son por amor a la Constitución ni por defensa de la patria, sino por prejuicios ideológicos, pura y simplemente. Si los tratados con Canadá o Chile, por ejemplo, hubieran sido iguales al TLC con EE. UU., ninguno de los que ahora se rasgan las vestiduras en defensa de la soberanía se hubiera inmolado en el altar de la patria, declarando urbi et orbi su inconstitucionalidad.

Este voto nos deja una enseñanza valiosa: la razón, tarde o temprano se impone. La mentira, los argumentos truculentos están condenados al fracaso. Por eso, el 7 de octubre la mayoría del pueblo costarricense le dirá sí al progreso, sí a la inserción de Costa Rica en el siglo XXI y sepultará para siempre a los señores del “no”.

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