Presidenta de Chile, Michelle Bachelet
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SANTIAGO (AFP) -
Las fugas de un peligroso pederasta, de varios narcotraficantes y de un ex militar condenado por abusos a los derechos humanos pusieron en la mira a la justicia chilena, seriamente cuestionada por la facilidad con que algunos jueces otorgan libertades provisionales.
La propia presidenta Michelle Bachelet pidió este viernes a los jueces poner más atención al emitir sus sentencias.
"Creemos (...) que es indispensable que frente a acciones delictuales evidentes, se tomen las medidas precautorias necesarias y se den las sanciones a los culpables", señaló Bachelet.
El tema fue analizado este viernes por el pleno de la Corte Suprema, después de que el ministerio del Interior -encargado de la seguridad pública-, puso reparos a la forma en que le fue otorgada la libertad a un peligroso delincuente que mantuvo secuestrada a una mujer y tenía una condena pendiente de cinco años por homicidio.
El caso se sumó al de una banda de asaltantes, conocida como los "boqueteros", que el fin de semana intentó desvalijar la bóveda de un banco y fue descubierta in fraganti.
Los cuatro miembros de la banda fueron liberados, ante el estupor del gobierno y de parlamentarios de la derecha opositora, que acuñó ya el concepto de "puerta giratoria" -por donde entran y salen los delincuentes- para referirse a la justicia.
"Me parece increíble que se haya dejado en libertad a delincuentes que intentaron asaltar un banco y que por un error de cálculo no llegaron a la bóveda", dijo el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, quien anunció una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia.
"Haremos entrega al presidente de la Corte Suprema de un conjunto de fallos que han sido dictados y que a nosotros nos parecen complejos", señaló Harboe.
El presidente de la opositora Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín, fue más duro en sus apreciaciones: "Hoy día algunos jueces por sus fallos se están convirtiendo en un peligro para la sociedad, y esto es inaceptable", señaló.
"Tengo la más plena convicción de que actué apegada a la ley", señaló la jueza Paola Robinovich, quien liberó a la banda de 'boqueteros'.
El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, recordó que "la Constitución señala que las personas a las que se les imputa un delito, mientras no sean condenadas tienen derecho a permanecer en libertad", por lo que cada juez procede según su criterio.
Los dos últimos casos se agregan a la fuga de quien es considerado el mayor pederasta chileno, Rafael Maureira, alias 'Zacarach", quien huyó mientras esperaba bajo un régimen de libertad protegida la ratificación de una condena de 20 años de prisión.
El pederasta, que fue hallado hace dos semanas en Brasil, sólo tenía la obligación de firmar un registro semanal.
Ninguna medida cautelar pesaba tampoco en contra del retirado militar Eduardo Iturriaga, quien se fugó tras negarse a cumplir una condena de cinco años por violación de los derechos humanos en la pasada dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La fragilidad del sistema alimentó temores en Perú de una eventual fuga del ex presidente Alberto Fujimori, que enfrenta en Chile un proceso de extradición por corrupción y violaciones de los derechos humanos atribuidas a su régimen (1990-2000).
Fujimori fue puesto bajo arresto domiciliario hace casi un mes, pero gozó de libertad provisional por cerca de un año, tiempo en que se dedicó a recorrer Chile.
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