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Berrocal reitera peligrosidad de extranjeros deportados Dice que cabecilla de grupo es hermano de dos capos de cartel colombianoAlega que DIS, OIJ y PCD le advirtieron del riesgo que se corría con sujetos Otto Vargas M. ovargas@nacion.com Aunque los supuestos sicarios deportados a Colombia no tienen antecedentes policiales en ese país ni registran violaciones a la ley costarricense, el ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, insistió ayer en que se trata de personas peligrosas. Según el Ministro, informaciones de tres cuerpos policiales lo llevaron al convencimiento de que el grupo sospechoso de un fallido plan para asesinar a funcionarios del Gobierno representaban un grave peligro. El funcionario salió así al paso de las dudas surgidas tras la liberación en Colombia de los cinco sujetos –de apellido Angulo, Martínez, Casares, Flores y Olaya– al no existir antecedentes o una orden de aprehensión emitida por una autoridad judicial. “El OIJ (Policía Judicial), la PDC (Policía de Control de Drogas), la DIS (Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional)... todos coinciden en la misma versión y los catalogaron como peligrosos. Yo tenía que creerles. “Comencé a preocuparme cuando el fiscal general (Francisco Dall’Anese) y el director del OIJ (Jorge Rojas) me dijeron: ‘ministro, esto es serio y tiene que tomárselo con seriedad’”, insistió el funcionario este martes. Vínculo. Berrocal asegura que el sujeto que viajó a Colombia con la misión de traer otros $100.000 –en una de las intervenciones telefónicas los individuos hablan de un primer pago de $50.000– es hermano de dos capos del cartel del Norte del Valle, un poderoso grupo narco del departamento del Chocó. El sospechoso, de apellido González, salió del país poco antes de que las autoridades arrestaran a los otros cinco extranjeros. El 21 de junio, durante una de las intervenciones telefónicas, las autoridades captaron una conversación en la que uno de los sujetos hizo referencia a que “hay que darle duro a Berrocal”. “A mí esto me produjo mucha preocupación. Recibimos informes de inteligencia (policial) que hablaban de la existencia de una fuerte reacción de los carteles de la droga por el volumen de incautaciones (de cocaína) y que tomarían represalias en contra de altos funcionarios de la administración”, explicó Berrocal. Fuera del país. Antes de la deportación, las autoridades de gobierno descartaron la posibilidad de someter a los sospechosos a un proceso judicial en el país. “En vista de la gravedad de los hechos, el Consejo de Seguridad (conformado además por Laura Chinchilla, ministra de Justicia; el Fiscal General, el director del OIJ y el de la DIS) dispuso que este asunto no iba a ser llevado a instancias judiciales y que sería visto como un asunto de seguridad del Estado. Dejarlos aquí en prisión sería tener una brasa”, concluyó Berrocal.
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