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Sociedad y Servicios Ministra Karla González insiste en que la ley debe aprobarse pronto Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com El proyecto para reformar la vieja Ley de Tránsito e imponer multas más altas a los infractores cumple ocho meses estancado en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. La iniciativa enfrenta críticas por el monto de las multas que se impondrían, la falta de un capítulo sobre educación vial y la ausencia de sanciones para quienes diseñen carreteras peligrosas. Mientras tanto, en ocho meses de discusión en el Congreso, 251 personas murieron en accidentes de tránsito, 55 de ellas porque el conductor estaba borracho. Mario Quirós, diputado del Movimiento Libertario y presidente de la Comisión de Jurídicos, catalogó el proyecto como “muy deficitario” e insistió en que elevar las multas no garantiza menos muertes en carretera. En su afán por “mejorar” el proyecto y convertirlo en una reforma “integral”, Quirós presentó un nuevo capítulo sobre educación vial, que incluye cursos de rehabilitación para los conductores que manejen bajo los efectos del licor o drogas. También exige que la educación vial debe ser una materia obligatoria desde Preescolar hasta el Bachillerato. Además, Quirós promovió una moción para que las multas vigentes en la actual Ley de Tránsito se actualicen según la inflación. Así, la sanción por conducir borracho, que hoy es de ¢26.000, pasaría a ¢100.000, aproximadamente. Este monto está muy por debajo de los ¢364.000 que propone la reforma que se discute en el Congreso. Una ley prioritaria. Consultada sobre este tema, la ministra de Transportes, Karla González, insistió en que la ley no puede demorarse más en el Congreso y se debe aprobar. Defendió la redacción de la reforma e insistió en que se trata de un proyecto integral, que incluye sanciones para los infractores, señalamiento vial y control a los oficiales de Tránsito corruptos. También respaldó la incorporación de un sistema de 60 puntos que se asignan a cada licencia y que se van rebajando cada vez que el chofer comete una infracción. Así, si un chofer maneja ebrio, recibiría una multa de ¢364.000, perdería los 60 puntos que se le asignaron en su licencia y no podría conducir durante dos años. Según González, este plan ha sido exitoso en países como España, donde se implementó hace un año. Sin embargo, Quirós cree que se trata de una “doble represión” porque incluye la sanción a la licencia y la multa económica. La Ministra externó su preocupación de que se elimine el sistema de puntos del proyecto, pues consideró que las multas económicas no serían suficientes para inhibir la conducta temeraria en las vías.
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