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Política Álvaro Murillo alvaromurillo@nacion.com La Defensoría de los Habitantes manifestó ayer su complacencia con la respuesta que la Sala Constitucional dio a la consulta presentada el 27 de abril. “El fallo fortalece la institucionalidad de nuestro régimen democrático, pues es a esa instancia a la que le compete realizar el control de constitucionalidad”, señala un pronunciamiento distribuido ayer a la 1:50 p. m. por la oficina de prensa de la entidad. Y agrega: “Al disipar la Sala IV los señalamiento de la Defensoría sobre eventuales inconstitucionalidades (...) se dan las condiciones necesarias para acudir al proceso de referendo”. La defensora de los Habitantes, Lizbeth Quesada, se valió de un artículo de la Ley de Jurisdicción Constitucional para consultar a la Sala IV si el Tratado de Libre Comercio (TLC) viola derechos humanos de los ticos. Ayer fue imposible conversar con ella pues está fuera del país. Además de la consulta de la Defensora, la Sala recibió 27 días después una consulta más amplia de 18 diputados opuestos, que contestó ayer en el mismo fallo. Uno de ellos, Rafael Madrigal, del Partido Acción Ciudadana (PAC), opinó diferente a la Defensoría. “Yo no esperaba nada diferente. Hoy tenemos un presidente puesto por la Sala IV; el fallo es congruente con el pensar de estos magistrados. “Voy a estudiar con detenimiento sus razonamientos, es un tratado con asimetrías y no se puede comparar con ningún otro acuerdo comercial suscrito en el pasado”, comentó el subjefe de los 17 diputados del PAC. La consulta facultativa de los diputados fue firmada por 16 de PAC (una estaba enferma), José Merino del Río (Frente Amplio) y Óscar López, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE).
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