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Autoridades evitaron procesar aquí a grupo de sicarios colombianos

San José (Redacción). El ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, aseguró ayer que nunca existió la intención de someter a cinco colombianos –sospechosos de fraguar un atentado en perjuicio de dos altos funcionarios de gobierno– a la justicia costarricense.

“Se dispuso (la expulsión de territorio nacional) dada la gravedad de los hechos, que son inéditos. Se dispuso, y fue la opinión de todos (en el Consejo de Seguridad), que el asunto no iba a ser ‘judicializado’ en el país y que sería tomado como un asunto de seguridad del Estado”, comentó Berrocal.

El sábado fueron deportados del país cinco colombianos de apellidos Angulo, Martínez, Casares, Flores y Olaya, quienes recuperaron su libertad luego de que las autoridades de ese país confirmaran que no tenían cuentas pendientes con la justicia.

Cuestionado sobra la “peligrosidad” de los sujetos (máxime al no ser personas con antecedentes delictivos), el ministro sostuvo que los informes de inteligencia policial confirmaron esa hipótesis.

“Me basé en la información de la gente que pelea en este país contra el narcotráfico. Ellos los catalogaron como peligrosos y yo tenía que creerles.

“El propio Fiscal General (Francisco Dall’Anese y el director del OIJ (Jorge Rojas) me recomendaron tomar este asunto con seriedad”, declaró el funcionario.

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