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Propuestas pluralistas

Optar por una medida que “logre un equilibrio entre la prerrogativa y la garantía”

Paul Rueda


El domingo pasado, el Dr. Rubén Hernández publicó el artículo “Crisis del Estado de derecho costarricense”, que, sin duda, merece una particular atención.

Sobre la base de un recuento cronológico, el autor explica el proceso seguido desde 1940 para reforzar y multiplicar los controles al ejercicio de la Administración Pública, en aras de la legalidad y la lucha contra la corrupción, pero produciendo ralentización y parálisis en el sistema de toma y ejecución de decisiones.

Lo lamentable es que, a pesar de la Sala Constitucional, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría, la Procuraduría, el Poder Judicial y otras dependencias, los casos de corrupción continúan apareciendo una y otra vez, al punto que pensar en más procedimientos, más leyes, y más instituciones para paliar el problema resulta incierto.

Ante tal situación, surge la pregunta especulativa: ¿cómo sería la cosa si tales instituciones no existiesen? En lo particular, me imagino al país con una Constitución Política, más o menos acatada en lo organizativo, pero definitivamente decorativa en lo atinente a la protección de derechos fundamentales. Vislumbro a una sociedad incapaz de ofrecerle al ciudadano vías institucionales efectivas, directas y amigables para la defensa de sus derechos. También me figuro más corrupción de la que hoy existe, sobre todo en materia de contratación administrativa. Tendríamos un Estado ciertamente más ágil, pero a un costo muy alto. No debe olvidarse que entre los factores que acrecentaron la magnitud de la crisis de los ochenta, se encuentran, precisamente, el alegre manejo de los fondos públicos y el mal desempeño de varias empresas públicas.

Varios intentos. De manera que en la disyuntiva entre control sobre la Administración y discrecionalidad administrativa, no podemos elegir a ninguno de los extremos, sino que se debe optar por una medida que “logre un equilibrio entre la prerrogativa y la garantía”. Se trata de dotar de “sentido común” a los requerimientos y controles actuales, y de asignar los recursos necesarios a las dependencias responsables por ellos.

Han sido varios los intentos por concretar una reforma general del marco legal que regula a la Administración Pública. Recuerdo el proyecto promovido por la entonces segunda vicepresidenta, Elizabeth Odio, para la creación de una Ley Orgánica de la Administración Pública , en el que participó un grupo de juristas coordinado por el Dr. Rodolfo Saborío. A pesar de que el citado proyecto, expediente legislativo número 14483, fue dictaminado positivamente por una Comisión Especial Legislativa en el año 2002, el asunto no prosperó.

En general, los intentos de reforma del citado marco legal han fallado no por las dudas o controversias técnicas sobre las propuestas, sino por un problema de génesis: la unilateralidad política de la iniciativa.

El artículo de don Rubén unido a las nuevas funciones encomendadas a don Jorge Woodbridge me hacen pensar que, una vez más, existe la voluntad política para edificar una solución al problema apuntado, de relevancia nacional (aquí nadie puede hacer nada).

¡Qué interesante sería dotar de pluralidad política a la iniciativa, a fin de evitar los tropiezos de siempre! Así como don Rubén, sin duda, es un consultor técnico destacado en el campo del derecho, con evidente reconocimiento en el PLN, en el Poder Ejecutivo y otros sectores existen otros profesionales de gran valía y similar perfil académico, quienes resultan más afines a otros partidos políticos. Tales profesionales, junto con don Rubén, podrían conformar un grupo técnico de altísimo nivel, cuya tarea primordial sería elaborar una propuesta sobre el problema referido, evitar al máximo atrincherarse en diagnósticos –los cuales sobreabundan– y concentrarse en el establecimiento de soluciones.

Tal vez así las propuestas tendentes a un Estado que enfrente la lucha contra la corrupción sin demérito de la requerida agilidad, puedan ser formuladas de una manera políticamente potable.

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