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EDITORIALSeguridad, democracia y soberanía La nueva amenaza del narcotráfico contra funcionarios públicos compromete a todo el paísLa lucha contra el narcotráfico, el sicariato y la violencia criminal es un acto de soberanía nacional Gracias a una serie de investigaciones y reportajes de La Nación , a mediados de la década de los ochenta, el país comenzó a cobrar conciencia sobre la perversidad y magnitud del narcotráfico. A la sazón, se comprobó la vinculación entre el narcotráfico y la política, y se puso al descubierto el designio de colocar a ciertas figuras en puestos claves en los poderes del Estado. Así, la publicidad, la labor investigadora de dos comisiones legislativas y la colaboración profesional del Ministerio Público le rindieron un servicio inestimable a Costa Rica en el campo de la seguridad ciudadana y la defensa de nuestra democracia. El narcotráfico, con todo, volvió pronto sobre la carga en los años siguientes, dadas las condiciones geográficas del país y sus propios honrosos atestados en el orden de la paz y de las garantías constitucionales, acompañados de la endeblez policial. Por décadas el Estado abandonó esta función básica, en cuanto a la seguridad ciudadana, por presión de grupos extremistas e ideológicos, y el angelismo, interesado o no, de algunos sectores nacionales. Mientras tanto, el narcotráfico siguió avanzando, favorecido por dos de sus más eficaces aliados, la corrupción, amparada por la impunidad, y la delincuencia criminal, de la mano, en los últimos años, de sicarios, nacionales y extranjeros. En esta saga tenebrosa la captura de 40 toneladas de cocaína, en estos 12 meses, además de poner de manifiesto la esmerada labor de nuestras autoridades, descubre el avance gigantesco del narcotráfico en el país. Buena parte de la cocaína incautada formaba parte, tal como se informó oportunamente, de un vasto plan de transporte a los mercados de México, con rumbo a Estados Unidos, y de Europa. La organización de este plan o, mejor dicho, de la conversión de nuestro país en plataforma de lanzamiento de la droga consumió dos años. La reacción, ahora, de los “barones” de la droga contra altos funcionarios del Gobierno describe a cabalidad su interés en este proyecto. Se trata de la estrategia de la disuasión por la muerte, de la impunidad por medio del temor, esto es, del estrangulamiento del Estado de derecho por la potencia criminal, técnica y financiera del narcotráfico. Estamos, pues, frente a una amenaza inédita contra el sistema democrático por la vía del temor y la violencia, y de la mengua o debilitamiento del Estado de derecho. De aquí la necesidad urgente de una toma de conciencia firme de parte de los poderes públicos concretada, en primer lugar, en un reforzamiento de los recursos humanos, técnicos y financieros de las entidades encargadas de hacerles frente al narcotráfico y, en general, a la violencia criminal. Constituye un atentado directo contra la institucionalidad democrática y contra nuestro sistema de vida la aberración de la disparidad entre el poder creciente del narcotráfico y de la violencia criminal, y la precariedad de nuestras fuerzas policíacas. Este desequilibrio debe terminar de una vez por todas. Estamos frente a un enemigo poderoso y despiadado. En esta coyuntura no caben la mezquindad política, la evasión ideológica o las poses irresponsables de quienes censuran la ayuda internacional o ponen trabas de toda índole para entorpecerla en la Asamblea Legislativa. La cooperación internacional, particularmente de los Estados Unidos, en este combate contra el narcotráfico, fortalece nuestra capacidad de defensa y, por consiguiente , nuestra soberanía. La confusión de conceptos en este campo debilita al Estado y favorece al narcotráfico.
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