Crispación en Santa Cruz
(AFP)
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LA PAZ (AFP) -
El poderoso departamento boliviano de Santa Cruz, tradicional opositor al presidente Evo Morales, presentó un proyecto de autonomía que incluye justicia, policía y controles migratorios propios, en un abierto desafío al gobierno que calificó el plan como "sedicioso, racista y elitista".
Frente a una manifestación de unas 50.000 personas, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas -quien se ha convertido en el más connotado opositor a Morales- dio a conocer el lunes una propuesta de estatuto autonómico de 47 artículos que incluye elementos que el gobierno central consideró sediciosos.
Entre ellos están el control de flujos migratorios, la creación de impuestos, la regulación de su economía, la elección de sus autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales y el control de la tierra, éste último un punto neurálgico que choca con el propósito del gobierno de establecer una ley contra los latifundios improductivos.
Santa Cruz, el departamento más próspero de Bolivia y su principal motor económico, es acompañado en su aspiración por los departamentos de Beni, Pando y Tarija (también ricos en hidrocarburos, agricultura y recursos madereros), que hicieron eventos paralelos para reafirmar su determinación de obtener sus autonomías.
Los actos del lunes fueron rápidamente condenados este martes por el gobierno.
El presidente Evo Morales, el primer aymara que gobierna Bolivia, calificó este martes de "sedicioso, racista, elitista y excluyente" el proyecto de autonomía presentado por el departamento de Santa Cruz y exigió que las demandas regionales confluyan en la Asamblea Constituyente, donde se debe redactar una nueva Carta Magna.
Por su parte, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, consideró el documento como "sedicioso" y "atentatorio contra la unidad nacional".
Según Arce los artículos contenidos en el estatuto "vulneran los valores de un Estado democrático, unido y soberano" y pretenden "un Estado dentro del Estado boliviano".
Los actos en las cuatro capitales conmemoraban un año de un referendo en que estos departamentos votaron en favor de regímenes autonómicos.
Gracias a ese referendo, esas autonomías deberán ser necesariamente aprobadas en una Asamblea Constituyente que inició labores el 6 de agosto de 2006 y que deberá entregar una nueva Carta Magna el próximo 14 de diciembre.
Pero el tema es más complejo que eso: el gobierno de Morales, que se ha opuesto a las autonomías departamentales (sin poder desconocerlas), pretende ampliar las autonomías a las comunidades indígenas y a los municipios, como una forma de contrarrestarlas.
En Santa Cruz, los dirigentes entienden que la nueva Carta Magna que emerja de la Constituyente -donde el partido de gobierno tiene una mayoría de 55%- aprobará unas autonomías departamentales muy débiles y que no corresponden a las expectativas de la región.
"No vamos a permitir que una Constitución hecha al más puro estilo de dictadores caribeños destruya a Bolivia", advirtió en el acto del lunes Branco Marinkovic, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, una de las organizaciones privadas más activas en la demanda de autonomía.
Los actos del lunes en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija se convierten en un paso más dentro de la confrontación frente a los cinco departamentos andinos, donde Morales tiene un amplio apoyo, sobre todo de las comunidades indígenas.
Justamente una de las jugadas políticas de Santa Cruz el lunes fue presentar un acuerdo con las comunidades indígenas de su región -ayoreos, chiquitanos, guarayos y guaraníes- para que se plieguen a la autonomía departamental, como una forma de debilitar el compromiso de esas comunidades hacia el gobierno nacional.
El viceministro de Descentralización, Fabián Yacsik, cuestionó ese acuerdo y se preguntó "quiénes son esos indígenas que acompañaron en esa firma".
De cualquier forma las principales comunidades indígenas, los quechuas y aymaras, que suman unos 4,6 de los 9 millones de bolivianos, están en el altiplano y en los valles.
El acto de Santa Cruz y los otros tres departamentos no hace sino radicalizar una pugna que debería resolverse en una Asamblea Constituyente, aunque ella misma está tan dividida que once meses después de haber entrado en funciones no ha logrado la aprobación de un solo artículo.
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