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Sucesos Asesinarían en venganza por millonarios decomisos de droga Redacción. Cinco colombianos detenidos entre el jueves y el viernes en Alajuela y Puntarenas llegaron al país hace 10 días con la misión de matar a los ministros de la Presidencia, Rodrigo Arias, y al de Seguridad Pública, Fernando Berrocal. La Nación confirmó este dato con cuatro altos funcionarios del Poder Ejecutivo que solicitaron no ser identificados. Berrocal, a quien el presidente Óscar Arias asignó como vocero en este caso, dijo ayer que por información recibida de la policía colombiana y seguimientos hechos por la policía tica, determinaron que “había un grupo de sicarios en Costa Rica con el objetivo de atentar contra la vida de altos funcionarios de esta administración”.
A las 10:30 a. m. de ayer, los cinco sujetos fueron deportados a Bogotá en un avión de Taca, cada uno resguardado por dos oficiales de Migración. En Colombia, los esperaban jerarcas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio de inteligencia) para ser interrogados. Mario Zamora justificó la deportación en el hecho de que entraron ilegalmente al país, no cometieron ningún delito debido a que no llegaron a concretar su plan, y por su alta peligrosidad. Cartel poderoso. El viceministro de Seguridad, Rafael Gutiérrez, Zamora y Berrocal aseguraron que un cartel colombiano contrató los homicidios en represalia por el decomiso de 40 toneladas de cocaína aquí, en diferentes operativos, en los últimos 12 meses. Los asesinos a sueldo son parte del “brazo armado” del cartel del Norte del Valle, el cual opera en el departamento del Chocó y controla Buenaventura, puerto del Pacífico colombiano.
Desde allí, envían lanchas cargadas de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos, muchas de las cuales han sido interceptadas por la policía costarricense. Los cinco hombres son de apellido Angulo, Martínez, Casares, Flores y Olaya, todos del Chocó. A Angulo y Martínez se les detuvo la noche del viernes frente a un bar en Esparza de Puntarenas, tal y como reportó La Nación ayer. A los otros tres, el jueves, en el centro de Alajuela. El líder del comando salió del país días atrás en busca de más recursos y apoyo, dijo Berrocal. Al grupo lo respaldan dos ticos. Uno de ellos es dueño de una finca ubicada lejos de San José y se la ofreció a los pistoleros para que se ocultaran tras los asesinatos. Ambos están plenamente identificados y se sabe dónde están, aunque su identidad no fue dada. Los cinco hombres son investigados en Colombia por asesinatos, entre cuyas víctimas hay autoridades de Gobierno, policías y civiles, según informes de la DAS.
“Se trata de los hombres más peligrosos que se haya logrado detener en muchos años. Ellos superan en mucho todos los niveles de violencia que conocíamos”, declaró el director de Migración. Escuchas telefónicas. La presencia de los sicarios quedó al descubierto hace 10 días gracias a intervenciones telefónicas hechas a narcotraficantes. Varios sospechosos hablaban continuamente “de un plan para eliminar a dos altos jerarcas del Gobierno de Costa Rica”. A partir de ese momento, se activó un “estado de alerta nacional” y las autoridades unieron esfuerzos para dar con el comando. Se conformó un equipo especial de trabajo con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), la Policía de Migración y la Fuerza Pública.
También se ordenó reforzar la escolta de los dos ministros y, de paso, se les recomendó salir lo menos posible a la calle y no aparecer en actividades públicas. Todo se hizo bajo extremas medidas y confidencialidad. “Cada cuerpo policial realizó grandes esfuerzos en su área de trabajo. Migración intensificó la captura de indocumentados, especialmente colombianos. Lograr detenerlos es un hito en la historia criminal del país”, dijo Zamora. Los hombres ingresaron en una lancha rápida, de las empleadas para el trasiego de cocaína, por Punta Burica, en el Pacífico. Después, se separaron: unos se hospedaron en hoteles en el centro de Puntarenas y otros en Alajuela. Dos de los sicarios aparecen casados con jóvenes vecinas de Aserrí y Desamparados. Sin embargo, esos matrimonios, efectuados el año anterior, nunca fueron registrados. Otro de los detenidos, solicitó la semana anterior estatus de refugiado alegando ser perseguido político en su país. Empero, tras conocerse sus intenciones, le rechazaron tal beneficio.
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