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EDITORIALPermisos irresponsables En muchos municipios se otorgan permisos de construcción en zonas de riesgo con graves consecuencias para las comunidadesHay regidores y alcaldes ignorantes de las ordenanzas municipales más elementales, o bien seguidores de otros intereses El Estado ha sido un antimodelo de gestión pública, como lo comprueban hasta la saciedad numerosos reportajes publicados en estos años e informes severos e inapelables de la Contraloría General de la República. El problema se agranda y agrava por cuanto este deterioro estatal va de la mano, como comentamos recientemente, de la alianza de la irresponsabilidad y del deterioro del sentido común o del buen juicio. Si el Estado no ha sido solidario ni eficiente, tampoco lo han sido muchas personas en el ámbito de sus tareas públicas o privadas. Las muestras son variadas: desde el auge del dengue, que sigue avanzando, hasta los accidentes de tránsito; desde la contaminación ambiental, en todas sus formas, hasta la construcción en las zonas de riesgo. Estas noticias se han enseñoreado, en estos días, de los medios de comunicación. En cuanto al dengue, el encomiable esfuerzo de las autoridades de Salud choca contra el desinterés y la irresponsabilidad de muchas comunidades, de padres de familia y dirigentes, despistados de los problemas concretos de la población. En lo tocante al tránsito, el rito es de sobra conocido: antes de las vacaciones o de los asuetos largos, las autoridades respectivas organizan operativos minuciosos para controlar a los delincuentes viales o para hacer conciencia en otros. Los resultados suelen ser precarios. El guaro y la inobservancia de las normas elementales al conducir, en nutridos sectores del país, se encargan de estropearlo todo. Un atentado contra la dignidad propia y contra la solidaridad humana. Y, como los municipios han saltado al proscenio noticioso en estos días, con los pecados de omisión y el secretismo en algunas municipalidades, en lo tocante a la contaminación de las aguas, no podía faltar una información sobre las autorizaciones irresponsables para construir en zonas de riesgo. Ayer nos referíamos a las residencias en peligro que se levantan en Heredia, Alajuela, Barba, Desamparados y Alajuelita. Al leer estas noticias, el lector se preguntará con razón si no convendrá –sea dicho con todo respeto– someter a exámenes psicológicos y mentales a los candidatos a ciertos cargos de elección popular o por concurso. Los errores y disparates son de tal bulto, en asuntos tan elementales, al alcance de cualquiera, que es inevitable dudar sobre los atestados mínimos de no pocos para llevar a cabo determinadas tareas públicas. En vano la Comisión de Emergencias o los vecinos han advertido sobre estos permisos. Lo que importa, sobre todas las cosas, como expresó Douglas Salgado, geógrafo de la Comisión Nacional de Emergencias, es “cobrar más impuestos por bienes inmuebles”. Todo lo demás, lo genuinamente vital, por cuanto se relaciona con la vida de las personas y con la calidad de vida de las poblaciones, es asunto secundario. Basta una gira por municipios y poblados en toda la geografía nacional para comprobar tanto desatino y tanta irresponsabilidad, o bien, como informamos ayer, leer las patéticas declaraciones o justificaciones de alcaldes y regidores. En sus respuestas está escrita la causa de estas desventuras sociales. ¿Qué hacer? Lo que no se ha hecho y que ha estimulado este cúmulo de errores: la sanción legal por incumplimiento de deberes. Solo la sanción puede cortar el vínculo entre la irresponsabilidad, la ignorancia, la falta de sentido común y la impunidad. No es posible que estos permisos, causa mediata o inmediata de males directos para la población, previsibles y visibles, queden impunes.
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