 Policía guatemalteca en el ojo de la tormenta
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GUATEMALA (AFP) -
La oposición en el Congreso guatemalteco exigió la renuncia del ministro del Interior, Carlos Vielmann, a raíz de la ejecución de los cuatro policías acusados de matar a tres diputados salvadoreños, y que ha agravado la espiral de violencia que vive el país.
Las 16 bancadas de oposición que integran el Parlamento firmaron un punto resolutivo en el que piden al presidente Oscar Berger la destitución del ministro, pese a que éste lo confirmó en el cargo el lunes.
Asimismo, a petición del opositor Partido Patriota (PP), el Congreso interpelará el próximo miércoles a Vielmann y a los directores de la Policía, Edwin Sperisen, y del Sistema Penitenciario, Víctor Rosales, por la muerte de los diputados salvadoreños y posterior ejecución de los agentes en una prisión.
Los diputados ante el Parlamento Centroamericano y su chofer fueron asesinados y calcinados el 19 de febrero cerca de la capital guatemalteca. Tres días después del crimen la policía detuvo a los cuatro agentes, quienes fueron ejecutados el domingo en la prisión de máxima seguridad El Boquerón.
"Queremos que respondan por esos crímenes y por la situación de violencia e inseguridad que vive el país", afirmó a la prensa la diputada del PP Roxana Baldetti.
Los diputados también expresaron "su preocupación por los niveles de cooptación de todas las estructuras del Estado, particularmente de la Policía Nacional Civil y del Sistema Penitenciario, por parte del crimen organizado en todas su manifestaciones".
Para los llamados 'Padres de la Patria', la captura inmediata de los autores materiales de la "muerte violenta de tres parlamentarios salvadoreños había dado una esperanza para que estos delitos no fueran cubiertos por el manto de la impunidad".
Sin embargo, ante la muerte de los agentes, el país está "en una situación embarazosa como delicada a nivel internacional, ante lo inaudito por la forma de eliminación de tales sujetos que podían orientar a dar con los responsables intelectuales de tales crímenes".
"Por la grave responsabilidad en los últimos acontecimientos y el mensaje que se ha enviado a nivel internacional, pone en evidencia el grado de descomposición administrativa y el debilitamiento del Estado", comentó el ex presidente y actual diputado opositor Vinicio Cerezo (1986-1990).
Cerezo, quien fue el primer presidente democrático después de décadas de militarismo, consideró que los funcionarios deben renunciar "no sólo por ser responsables de estos actos, sino por las sospechas de limpieza social, de asesinatos y uso excesivo de violencia en contra de campesinos que han invadido fincas".
Asimismo, Cerezo consideró necesario que el Congreso conforme una comisión especial para investigar el grado de responsabilidad de los funcionarios para poder iniciar una persecución judicial.
"Hablar de este tema da mucha vergüenza y denota un sistema ya agotado, de un Estado que cada día se sume en la podredumbre y debe de preocuparnos", consideró, por su parte, el diputado Carlos Yat, del Partido de Avanzada Nacional, que llevó a Berger tres veces a la alcaldía y a una candidatura a la presidencia en 1999.
Durante el año pasado se registraron 5.885 homicidios, 549 más que en 2005, según datos de la Policía.
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