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Sala de Redacción Inicia proceso a 69 militares por masacre campesinos en Colombia AP Bogotá (AP). A días de la visita del presidente estadounidense George W. Bush, la fiscalía ordenó interrogar a 69 militares por una masacre hace dos años en una comunidad de paz del norte de Colombia. En Washington, voces críticas dicen que es una señal de progreso, pero los campesinos colombianos sostienen que el gobierno quiere lucirse ante Estados Unidos para conservar su ayuda militar. Las autoridades están investigando el papel que cumplieron los militares, incluidos 11 oficiales y suboficiales, en la masacre de ocho campesinos, entre cuyas víctimas se cuentan tres niños de la comunidad de San José Apartadó. La mayoría de las víctimas, entre ellos un líder que murió junto a su novia y su hijo de 11 años, fueron descuartizados con machetes. No creemos mucho en la investigación porque es el estado que está matándonos y que no ha investigado las violaciones de nuestro derechos humanos, dijo Jesús Emilio Turbequia, un líder de la comunidad afectada en una entrevista telefónica con AP. La noticia de la investigación llega dos semanas antes de la visita prevista de Bush a esta nación para tratar la continuidad de la ayuda militar, que es de unos 700 millones de dólares anuales, la más alta en cualquier país fuera del Oriente Medio. La elección del momento oportuno para iniciar la investigación no pasó desapercibida para los pobladores de San José Apartadó. El gobierno está preocupado de perder su ayuda militar si no muestra que sí está investigando, dijo Turbequia. La suerte de esta autotitulada comunidad de paz _a la que se prohibe la entrada de personas armadas, sean militares, policías, guerrilleros o paramilitares_, asentada en una húmeda jungla plagada de malaria en el noroeste de Colombia, es seguido de cerca a nivel internacional. Amnistía Internacional elogió a la Fiscalía el martes por la investigación. El senador Patrick Leahy denominó la masacre como una de las más horrorosas atrocidades del conflicto colombiano. El legislador estadounidense, que preside el subcomité de apropiaciones que vigila la ayuda a Colombia, dijo en un comunicado de que el hecho de haber llamado a declarar a miembros del ejército es esperanzador porque representa un progreso en la investigación. Los vecinos del empobrecido San José Apartadó, a unos 450 kilómetros al noroeste de Bogotá, registran más de 600 violaciones a los derechos humanos contra sus miembros desde que fundaron el asentamiento hace una désesinados sin que nadie haya sido condenado por ello. Los ataques a San José se han convertido en una causa internacional. La semana pasada, en el aniversario de la masacre, varias organizaciones no gubernamentales manifestaron frente al Capitolio en Washington para pedir el fin de la impunidad. Las agresiones a la comunidad son una de las razones por las que la entrega de unos 70 millones de dólares de ayuda estadounidense ha sido suspendidos. Desde el primer día, los pobladores culparon al ejército de la masacre del 2005. Las autoridades responsabilizaron a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El ejército al inicio negó estar en la zona el día en que ocurrieron los hechos, lo que más tarde se comprobó era mentira. El presidente Alvaro Uribe incluso señaló a los lugareños de ser miembros de las FARC, algo que activistas y grupos humanitarios vieron como un aval para que las fuerzas de seguridad y los paramilitares ataquen a los acusados. En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista, expresó en un discurso pronunciado, un mes de la masacre, en la sede de la brigada hoy acusada. La 17ma Brigada no hizo comentarios sobre la acusación.
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