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EDITORIALCada día por Costa Rica La marcha pacífica de ayer convalida la vía de la institucionalidad democrática frente al TLCEl esfuerzo debe centrarse en la ratificación legislativa del TLC y en la agenda complementaria y de desarrollo Los dirigentes políticos, profesionales y sindicales opuestos al TLC realizaron ayer la cuarta marcha. Las anteriores tuvieron lugar el 16 de mayo del 2005, el 1.° de noviembre del mismo año y el 23 de octubre del 2006, en las que los dirigentes sindicales anti-TLC anunciaron, sin éxito, huelgas generales o la suspensión de labores en los servicios públicos. En la de ayer, las oficinas públicas funcionaron normalmente, aun las del ICE, y, de acuerdo con datos oficiales, en el 20% de las instituciones educativas no se impartieron clases. La preparación de la marcha de ayer se distinguió de las anteriores por la profusión de publicidad, por la intervención previa de sacerdotes de diferentes diócesis, por la participación sin ambages, con todo derecho, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y, en particular, por la intromisión reiterada del periódico Granma y, desde este órgano de prensa, de la Federación Mundial Sindical, que pidió a los movimientos sindicales del mundo su respaldo para los grupos o sectores que en Costa Rica adversan el TLC. Por desconocimiento craso de la realidad costarricense, este tipo de apoyos, originados en un gobierno comunista, violador sistemático de los derechos humanos, se convierten, a la postre, en un bumerán contra aquellos que, de buena fe, se oponen a este tratado. La manifestación de ayer puede analizarse desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Desde el primero, la participación fue más nutrida que la anterior (unos 23.500 manifestantes, según cálculos de La Nación ). Este dato debe ser motivo de reflexión para sus organizadores, pues no hay relación entre la magnitud y preponderancia de las denuncias (el TLC como un atentado contra la soberanía o como una camisa de fuerza contra el desarrollo del país) y la reacción popular. Ha quedado claro, más allá de toda duda, que tan irrisoria es esta descripción tremendista del TLC como la pretensión de que, con este tratado, podrían resolverse de plano, cosa que no se ha dicho, los problemas nacionales. El TLC es un tratado comercial y su mixtificación explica las desviaciones conceptuales y prácticas en boga en estos meses. Desde el punto de vista cualitativo, la manifestación de ayer corrobora las experiencias de las tres anteriores y, posiblemente, con más fuerza. Nos referimos al rechazo de la violencia y al mantenimiento de la paz social y del respeto a los derechos de los habitantes, cuyo respaldo vigoroso al TLC también ha quedado documentado en diversas encuestas. Este logro social y democrático adquiere mayor relieve en esta oportunidad ante la acción disociadora y los llamados a la violencia de algunas personas, en forma directa o indirecta, desde la tristemente famosa reunión en el teatro Melico Salazar en abril del 2005. Estos mensajes contra la institucionalidad y por la racionalización de la violencia, emitidos en público o por Internet, una vez más fueron desechados. Sus autores deben, al fin, aprender la lección. En la reafirmación de los valores institucionales y de la paz social, es justo reconocer la responsabilidad de los organizadores académicos y políticos de la marcha de ayer, tal como informamos oportunamente, así como la actitud previsora y sensata de las autoridades del Gobierno, junto con la contribución moral del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y de la Conferencia Episcopal. De este modo, al quedar a salvo y reforzado el valor esencial de la institucionalidad democrática, se reafirma también el camino que ha de seguir el TLC en la Asamblea Legislativa, como representación del pueblo, contra las aberraciones extremistas de la llamada democracia callejera o contra las desviaciones patrióticas y aun históricas de ciertos grupos minoritarios. La manifestación pacífica de ayer indica a las claras que tanto los grupos opuestos, de buena fe, al TLC, como aquellos que, sin marchas callejeras, lo respaldan, coinciden en un núcleo intangible y vigoroso de valores democráticos, que encuentran, frente a este tratado, su curso constitucional en la Asamblea Legislativa. Estos sectores deben entender que ya es hora de tomar decisiones y de enfrentar el grave desafío de las reformas por las que clama nuestro país desde hace años. Desde este punto de vista, la reflexión y la acción deben concentrarse en la agenda complementaria y en la agenda de desarrollo, encaminadas a procurar el crecimiento económico y social del país, y a doblegar a nuestro principal adversario, la pobreza, que aflige al 20% de nuestra población. No hay razón alguna para no hacer causa común frente a este desafío.
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