Custodia de paramilitares en La Ceja
(AFP)
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BOGOTA (AFP) -
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia visitarán este martes a los desmovilizados líderes paramilitares recluidos en una cárcel del noroeste del país para recoger testimonios sobre la vinculación de congresistas y políticos con los grupos armados ilegales.
Los magistrados tomarán declaración, entre otros, a los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha), Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar (alias 'Rodrigo 40') y Edwar Cobo (alias 'Diego Vecino').
La Corte busca detalles de la firma de un documento en 2001, en el que 11 congresistas, dos gobernadores y cinco alcaldes se comprometieron con el proyecto político de las AUC, consistente en acaparar poder en el país andino.
Sin embargo, no se descarta que los jefes paramilitares se nieguen a prestar testimonio ante la Corte, argumentando que sólo hablarán ante fiscales de Justicia y Paz, que son los encargados de juzgarlos en virtud una ley a la que se acogieron cuando entregaron las armas.
El documento de 2001, revelado en noviembre pasado, así como informaciones encontradas en un computador de 'Rodrigo 40', llevaron a la Corte a abrir un proceso judicial contra numerosos congresistas, políticos, funcionarios y militares que al parecer están vinculados con los grupos paramilitares en lo que ha sido denominado el escándalo de la 'parapolítica'.
Como resultado, ocho congresistas fueron capturados por orden del Tribunal, entre ellos el senador Alvaro Araújo, hermano de la dimitente canciller María Consuelo Araújo; uno más se encuentra prófugo y al menos otros seis están a la espera de que su situación sea definida.
Las AUC emprendieron en 2003 una negociación de paz con el gobierno del presidente Alvaro Uribe que permitió la desmovilización, en abril de 2006, según cifras oficiales, de unos 32.000 ex combatientes.
Unos 14 de los principales jefes de las AUC se encuentran recluidos en la cárcel de alta seguridad del municipio de Itagüí (400 km al noroeste de Bogotá), luego de que se acogieran a la ley de justicia y paz, que otorga penas de entre cinco y ocho años, como máximo, para los delitos de lesa humanidad.
Como contraprestación, los paramilitares están obligados a confesar la verdad y reparar a sus víctimas.
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