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Con la conciencia tranquila Se hace preciso dotar al INVU de los recursos necesarios para actuarÁngelo Altamura Carriero Exministro de Vivienda Me refiero a la información de La Nación del 11 de mayo anterior intitulado “INVU toma dinero de pobres para pagar salarios a empleados”, a lo que se agrega: “exministro Altamura y otros jerarcas avalaron anomalía”. Esta nota encuentra como referente inmediato un informe de Auditoría elaborado a instancia de la Contraloría General de la República, para indagar diferencias en la ejecución presupuestaria del INVU del año anterior, en la relación gasto ingreso corriente. En dicho informe y en lo que a mi gestión atañe, se me reprochan dos supuestas conductas. La primera, por supuestamente haber autorizado la utilización de fondos de Compensación Social y otros recursos reservados para fines distintos por la Junta Directiva, para sufragar gastos corrientes de la institución y, en segundo término, por presuntamente haber permitido y consentido la utilización de fondos de la cartera de DESAF, de desarrollo y préstamo, y de compensación social, para sufragar gastos corrientes de la institución. Imprecisiones. En relación con la primera de las conductas señaladas, una primera acotación que demuestra la impericia técnica con que se hizo el informe es la que señalamos a continuación. El alcance del estudio, según consta en el documento, abarcó el análisis de los ingresos presupuestados corrientes y de capital correspondientes a la ejecución presupuestaria del período comprendido entre el primero de enero y el 30 de setiembre del 2005, la supuesta autorización irregular en que se dice incurrí para el uso de recursos de compensación social para cubrir gasto corriente data del 18 de febrero del 2003, o sea, dos años antes. Veamos con detalle el hecho cuestionado. Se reprocha que se haya permitido utilizar recursos de la partida proyectos propios para cubrir al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda las resultas de un proceso judicial. Tal y como explicó en su oportunidad la tesorera de la Institución a la Auditoría, la partida recursos propios proyectos tiene como fuente recursos del Programa de Compensación Social. Dicho programa, creado en la administración Figueres Olsen, otorgaba subsidios a las familias para que cancelaran o pusieran al día sus operaciones morosas con la institución. En consecuencia, esos fondos no son otra cosa que recuperación de cartera que se utiliza para atender una obligación judicial, so perjuicio de que se paralice el presupuesto institucional, en el caso de que no se honre la obligación. Obviamente, lejos de lo que su nota hace ver, esos recursos no se utilizaron para pagar salarios. El segundo de los comportamientos que se me endilgan guarda relación con haber permitido y consentido la utilización de fondos de la cartera DESAF, de Ahorro y Préstamo y de Compensación Social, para sufragar gastos corrientes de la institución. Cualquier persona, con un poco de objetividad a la hora de abordar el texto del informe, no encontrará evidencia alguna de que mi persona por medio alguno haya autorizado la utilización de recursos de DESAF, de Ahorro y Préstamo o de Compensación Social, durante el 2005, para cubrir el gasto corriente de la institución. Infundada. Es más, es tan carente de asidero técnico el informe de la Auditoría que la única alusión a recursos de ahorro y préstamo se da en la formulación de cargos. No existe antes desarrollo alguno en el informe, ni relación fáctica alguna que refiera haber hecho investigación sobre la utilización de recursos de Ahorro y Préstamo y tampoco de compensación social en el período de estudio (enero-setiembre 2005) que fundamente el señalamiento. Este particular contenido de la acusación resulta entonces gratuito, sin fundamento y lesivo de mi honor, y, a su vez, pone de manifiesto el poco carácter técnico con que se desarrolló el estudio. Sobre los recursos de DESAF, primero, conviene aclarar que el INVU no ejecuta programa alguno con Asignaciones Familiares, ni está desarrollando proyectos habitacionales para determinadas poblaciones con esos dineros. La partida presupuestaria existente se deriva de un convenio que existió en el pasado, rescindido por la DESAF, y encuentra justificación en la recuperación de los créditos hipotecarios provenientes de las operaciones vigentes constituidas durante la vigencia del convenio. Sobre dichos recursos la única obligación pendiente es la de restitución a su fuente. En mi caso particular, la única alusión que sobre este tema se me realiza es la emisión de un oficio por el Área de Gestión Administrativa y Financiera, a finales de junio del 2005, donde se me daba cuenta de los problemas de liquidez que afectaban la devolución de recuperaciones a la DESAF. Sin embargo, en este oficio se refiere que las recuperaciones del mes de enero sí se habían devuelto. Esto me hará ver que, pese a la carencia de recursos, se estaba haciendo un esfuerzo por honrar la obligación. Coinciden estos hechos con mi designación como ministro de Vivienda en el mes de junio pasado, con lo que el problema de la liquidez del Instituto, lamentablemente, fue una herencia que, como la recibí, debí trasladarla a mi sucesor. Evidentemente, no se puede derivar que por el hecho de haber recibido la nota yo hubiese autorizado utilizar los recursos de DESAF para atender gasto corriente (el cual dicho sea de paso es mucho más que pago de salarios), como maliciosamente se señala en su nota, no existe, al respecto, nexo de causalidad de ningún tipo. De las demás incongruencias e impericias que se aprecian en el documento de la Auditoría me ocuparé en su oportunidad, cuando se abra la investigación respectiva, si se procede con ella, en el cabal ejercicio del derecho de defensa que constitucionalmente me asiste. Incoherente. He optado por ejercer mi derecho constitucional de respuesta únicamente para poder, por este medio, hacer ver que el informe que La Nación asume como verdad absoluta y utiliza para afectar mi honor, no es más que una mera relación incoherente de hechos y afirmaciones que, a lo sumo, deberán ser valoradas, con la objetividad necesaria, en el evento de que se considere necesario la apertura de una investigación para tal efecto, con el cumplimiento cabal del elemental principio del debido proceso. Este carácter preliminar de ellas no solo dista de la connotación otorgada por el periódico, sino que pone en evidencia la posibilidad real de que yo descarte, por los medios legales que me otorga el ordenamiento, el fundamento de las insinuaciones realizadas en mi contra. Lamentablemente, la divulgación de este tipo de notas causa la impresión equivocada en la colectividad de que alguien desvió fondos para apropiárselos indebidamente, y nada más alejado de la realidad en el presente caso. Mi gestión en el INVU puede considerarse buena o mala, a sabiendas de mis particulares limitaciones; no obstante, tengo la conciencia tranquila pues no me apropié irregularmente de dinero alguno. Sesgo de la nota. Si de algo ha de servir esta superficial nota es para hacer ver la lamentable situación financiera del INVU, que condiciona, limita y compromete su actuar. Durante mi gestión, con el apoyo del resto de mis compañeros de Junta Directiva y de la Administración, hicimos el mayor de los esfuerzos para concienciar al Poder Ejecutivo y al Legislativo de lo imperioso de encontrar soluciones para las causas de la crisis institucional. Porque la crisis del INVU no se deriva del no recuperar su cartera (como equivocadamente señala la nota), sino porque desde 1965 el Instituto no recibe transferencia alguna del Estado y desde 1986 se escogió trasladar los recursos públicos en materia de vivienda a entidades privadas. En su oportunidad, hicimos esfuerzos por promover reformas legales para dotar de recursos al INVU; así logramos la aprobación de una iniciativa de ley y muchas quedaron dictaminadas. Ante el Poder Ejecutivo, atendiendo instrucciones de la Contraloría, hicimos patente la gravedad de la situación del instituto, lamentablemente, sin el éxito necesario, por la situación fiscal que agobió al anterior gobierno. Por lo anterior y ante la superficialidad de su nota, congratula la prudencia con que el actual ministro asume el tema en el reportaje, quien reconoce el contexto de la situación que envuelve al instituto y se decanta por una solución de fondo que dote a la institución de los recursos necesarios para operar, contrariamente al sesgo que subyace en el artículo. Si de algo estoy convencido, producto de mi paso por el INVU y el Ministerio, es de la necesidad de mantener y fortalecer al INVU para atender la necesidad de vivienda de aquella población que no es sujeto de crédito de una mutual o una cooperativa, por su comprometida situación socioeconómica. Quedaron dictaminados al respecto, afirmativamente, por la Comisión de Asuntos Sociales, dos proyectos de ley: uno, para dar al MIVAH su ley orgánica y otro para reformar la ley del INVU, que en su conjunto procuran una visión integrada del sector vivienda. Insto a las nuevas autoridades para que los retomen.
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