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Foto Principal: 1512243
Los habitantes de las islas alegan que la pesca ya no genera los recursos necesarios para mantener a sus familias.
Archivo
Permisos se otorgarían solo a habitantes de las islas

Diputados impulsan concesiones hoteleras en golfo de Nicoya

Permisos no necesitarían aval de la Asamblea Legislativa
Islas tienen poca agua potable y carecen de manejo de desechos

Vanessa Loaiza N.
vloaiza@nacion.com

Diputados puntarenenses promueven concesiones hoteleras en las islas del golfo de Nicoya, aunque en estos territorios falta el agua potable y no hay sistemas adecuados para tratar la basura ni las aguas servidas.

Se trata de un proyecto de ley respaldado por 17 congresistas, cuatro de ellos vecinos del Pacífico, quienes apoyan la construcción de habitaciones y restaurantes en Chira, Venado, Bejuco, Caballo, Cedros, Jesucita y las Tortugas.

Fotos/Infos:

  • Paraísos sin explotar
  • La iniciativa entró en la corriente legislativa desde noviembre pasado y ya genera voces de apoyo y rechazo entre ecologistas, lugareños y empresarios.

    A diferencia de lo que ocurre hoy, las concesiones serían otorgadas por las municipalidades respectivas y no requerirían de la autorización del Congreso.

    El proyecto para promover el desarrollo social, económico y ecoturístico de las islas del golfo de Nicoya establece que las concesiones se otorgarían de forma prioritaria a los costarricenses pobladores de las islas.

    Ellos podrían construir hoteles, cabañas, miradores, senderos y explotar los territorios durante un máximo de 35 años.

    Dudas. Sin embargo, Olger Obando, habitante de isla Venado, asegura que los isleños no cuentan con los recursos necesarios para levantar un hotel.

    “Uno pondría el nombre para conseguir la concesión, pero el dueño del capital y el que se hará de la plata es otro, no nosotros”, alegó este botero.

    En la otra acera, el socialcristiano Bienvenido Venegas, uno de los diputados proponentes, asegura que el proyecto sacará del estancamiento a los pobladores de las islas, quienes dependen de la escasa pesca para alimentar a sus familias.

    Venegas insiste en que no se trataría de megaproyectos, sino de desarrollos que no afecten el equilibrio natural de las islas.

    Carencias. Isla Caballo es una pequeña extensión de 3,7 kilómetros cuadrados poblada por 400 personas.

    Sus moradores subsisten con la escasa agua de los pozos y con páneles solares para generar electricidad.

    Bejuco, por su parte, no está habitada, no tiene electricidad ni agua potable. En Venado el agua les llega desde Paquera, gracias a una tubería submarina que sale de territorio continental.

    Con excepción de Venado y Tortuga, ninguna isla tiene un sistema adecuado para manejar los desechos sólidos y tampoco tienen alcantarillado sanitario o plantas de tratamiento de aguas servidas.

    Mario Cubero, empresario que recibe hasta 150 turistas diarios en isla Tortuga, considera que la iniciativa es beneficiosa, siempre y cuando no se trate de grandes proyectos hoteleros.

    Cubero estimó que aún cuando en las islas faltan los servicios básicos, los potenciales inversionistas estarían en capacidad de instalar plantas de tratamiento de aguas negras y construir pozos que sostengan los proyectos hoteleros y favorezcan a las comunidades.

    Luis Diego Marín, presidente de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, sostuvo que este tipo de proyectos son muy ambiguos. Según dijo, no define cuáles son los límites para los inversionistas.

    “¿Qué es un megaproyecto? ¿500 habitaciones, quizá uno de 100 habitaciones si lo aprueban? Y no sabemos cuánto afectará un hotel de esas dimensiones en la isla”, agregó Marín.

    Este proyecto de concesión no es nuevo en su especie. Ya en el pasado el Congreso archivó otra iniciativa que pretendía otorgar títulos de propiedad a los habitantes de las islas.

    Dicha iniciativa se descartó porque choca con la Constitución Política, la cual establece que los territorios insulares son propiedad del Estado y que son intransferibles.

    La propuesta

    Concesión. Los permisos se conceden prioritariamente a costarricenses que vivan en las islas. Ellos deben poseer permiso de uso de suelo aprobado por la municipalidad respectiva.

    Plan regulador. La zona debe contar con un plan regulador, también avalado por el municipio, que determine las áreas comerciales y residenciales.

    Trámite. Luego debe plantear la solicitud ante la municipalidad; esta decidirá si otorga la concesión por un máximo de 35 años.

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