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Paz con los tiburones Según la Sala IV, diversas especies de tiburones están en grave peligroRandall Arauz rarauz@tortugamarina.org Presidente de Pretoma Desde 1998, Costa Rica declaró la guerra a los tiburones. Fue entonces, cuando el Incopesca, Aduanas y el MOPT se confabularon para consolidar la violación sistemática de las leyes costarricenses, e invitaron a las flotas extranjeras a descargar sus alijos de aletas de tiburón en los muelles privados de Puntarenas, los que, por su naturaleza, facilitan todo tipo de abuso y falta de control. Desde noviembre del 2001, ciertos sectores del Gobierno han intentado frenar el aleteo, pero las instituciones recurridas han sido persistentes, y torpes a la vez, en el afán por proteger los intereses de esta nefasta industria. Su primera estrategia fue ignorar las regulaciones emergentes, pero la situación se volvió insostenible debido a los abusos cometidos abiertamente por las flotas extranjeras. Ante la presión por hacer algo al respecto, la guerra continuó con la participación de dos nuevos cómplices en el 2003: el Colegio de Biólogos y la WWF-Centroamérica. Los primeros firmaron un convenio con Incopesca para supervisar las actividades de las flotas extranjeras en los muelles privados, mientras los segundos se encargaron de manipular la ciencia bajo la que se regiría dicha supervisión. Múltiples irregularidades. Sin embargo, el Convenio carece de refrendo por la Contraloría debido a sus múltiples irregularidades, por lo que las descargas realizadas bajo tal amparo han sido y son ilegales. Por otro lado, el uso de información científica manipulada para favorecer a los “aleteros” fue expuesta ampliamente en distintos foros, dejando al país en gran ridículo ante la opinión internacional. LaLey de Pesca se aprobó en marzo del 2005 y, por un momento, pensamos que eso terminaría con el “aleteo” de una vez por todas, pero la guerra a los tiburones continuó. Incopesca, antojadizamente, decidió interpretar la Ley a manera de facilitar el “aleteo”. Fue necesario recurrir al Procurador, quien en tres ocasiones ordenó al Incopesca detener su interpretación “aletera”, antojadiza algo que no se logró hasta agosto del 2006. Pese a estos logros, la realidad del caso es que en la privacidad de los muelles puntarenenses es imposible asegurar el cumplimiento de las regulaciones. Por algo, nuestras leyes aduaneras exigen el uso de muelles públicos para la descarga de productos pesqueros de parte de las flotas extranjeras, pero la violación de la ley nunca ha sido obstáculo para ellos. ¡A cumplir el mandato! Hace ya un año, la Sala IV ordenó a las autoridades recurridas detener inmediatamente la descarga de productos pesqueros en muelles privados que carecen de infraestructura pública. Ya lo dice la Sala IV: “Con su omisa actuación, las autoridades recurridas han abdicado de sus deberes constitucionales al permitir que diversas especies de tiburones sean puestas en grave peligro debido a su explotación irracional”. Ante el agotamiento de sus opciones legales, los que han declarado la guerra a los tiburones han vuelto a su primera y más vieja estrategia: seguir ignorando, en esta ocasión, el mandato mismo de la Sala IV. ¡Ya es hora de declarar la paz con los tiburones! Para hacerlo, la presente administración tiene una herramienta que no tuvieron las dos administraciones anteriores: una resolución de la Sala IV. El presidente Arias solo debe ordenar a sus subalternos hacer cumplir la Ley y defender el derecho constitucional de todos los costarricenses a un ambiente marino sano. Después de todo, esta administración más que cualquier otra, sabe que las resoluciones de la Sala IV se deben respetar, por más controversiales que resulten para algunos.
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