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EDITORIAL

Los mensajes de una crisis

El escándalo de la “parapolítica” es un grave desafío más para Colombia
Los hechos revelan tanto las distorsiones como la solidez de su democracia


La crisis política que hoy vive Colombia, y que condujo, el lunes, a la renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araújo, es un dramático reflejo de la compleja y contradictoria realidad que vive el país. De su adecuado enfrentamiento, sobre todo en los estrados judiciales, dependerá, en parte, que el lento proceso hacia la paz y la seguridad en un marco democrático, conducido por el presidente Álvaro Uribe, pueda continuar su difícil curso.

El escándalo de la “parapolítica”, fenómeno que ha sido así denominado por la prensa colombiana, llegó a su apogeo precisamente con la orden de detención emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra seis legisladores integrantes de la coalición gubernamental, entre ellos Álvaro Araújo, hermano de la Canciller, debido a sus presuntos nexos con grupos paramilitares. El presidente del alto tribunal también declaró que podrían ser investigados su padre y exministro de Agricultura, del mismo nombre, y otros políticos.

Más allá de las eventuales culpabilidad o inocencia individuales de los implicados, estos hechos revelan el alto grado de influencia que los grupos armados colombianos (guerrilleros en unos casos, narcotraficantes en otros, paramilitares en este) han adquirido en distintos ámbitos de la vida del país. Su poder es más incuestionable en áreas alejadas de los grandes centros urbanos y que, por su mayor desprotección y menor labor escrutadora y reveladora de la prensa, están más sujetas a las presiones, el tráfico de influencia y las alianzas inconfesables entre actores aparentemente legítimos y los grupos armados o delictivos.

A lo anterior se añade otra característica de la vida política colombiana: su extrema fragmentación. Los partidos políticos no solo son débiles, también están dispersos en múltiples facciones; padecen, además, la influencia de los caudillos e intereses regionales, que afectan aún más la cohesión de sus estructuras, reducen el control de la dirigencia nacional y aumentan el de grupos locales, honestos o no. Todo esto se relejó claramente en la heterogénea coalición que, saltando por las tradicionales divisiones entre liberales y conservadores, condujo, por amplísimo margen, a la reelección de Uribe, en mayo del pasado año, y a una mayoría en el Congreso y el Senado que, aunque también es amplia, resulta muy difícil de controlar, debido a la heterogeneidad de su composición.

Como telón de fondo debe tomarse en cuenta el poder que, a lo largo de los años, adquirieron los narcotraficantes, los guerrilleros, los paramilitares, o cualquier mezcla de ellos, en una lucha irregular donde los principios hace tiempo que cedieron a los intereses y la barbarie. Todo lo anterior debe ser visto con enorme preocupación. Sin embargo, el escándalo también revela justificados ámbitos de optimismo y solidez institucional.

El primero, y más notorio, es la independencia y firmeza de los más altos rangos del Poder Judicial, y su capacidad de actuar con autonomía en casos que, incluso, afectan directamente la vida política. A esto se añaden la fuerza de la opinión pública, con su discusión abierta y vigorosa sobre temas de tanta trascendencia, la reacción de los personajes gubernamentales ante ella, evidenciada por la renuncia de la canciller Araújo, y el abordaje directo, abierto y claro del presidente Uribe ante una crisis como esta.

Es decir, así como el escándalo de la “parapolítica” ha puesto de manifiesto varios de los serios problemas y distorsiones de la sociedad y la institucionalidad colombianas, así también ha evidenciado que esas mismas sociedad e institucionalidad poseen sólidos recursos para reaccionar ante tan agudos desafíos. Se trata de una tensión constante entre fuerzas contrapuestas. En los últimos años, con gravísimos retrocesos en varias oportunidades, la tendencia, sin embargo, ha sido hacia la mejora. La crisis actual es un momento clave en ese camino porque de su desenlace dependerá, en mucho, o un nuevo avance o un serio repliegue. La confianza, dentro y fuera de Colombia, es que sea lo primero. Y la mayor responsabilidad para lograrlo recae en sus políticos, gobernantes y jueces.

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