Ex dictador chileno, Augusto Pinochet
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PARIS (AFP) -
Dos meses después de la muerte del ex presidente chileno, Augusto Pinochet, un total de diecisiete de sus allegados, especialmente militares, serán juzgados en París, en el primer proceso en el mundo a la dictadura chilena (1973-1990), informó el miércoles una fuente judicial.
La juez de instrucción francesa, Sophie Clément, firmó una orden de 191 páginas que coloca a los acusados bajo la competencia del Tribunal de lo Criminal de París, por la desaparición de cuatro franceses bajo la dictadura.
Los diecisiete hombres serán juzgados en contumacia no antes del año 2008, por parte de un juzgado popular.
Se les acusa de "arrestos y detenciones o secuestros sin orden de las autoridades constituidas, fuera de los casos previstos por la ley", con la circunstancia agravante de que fueron "acompañados de torturas o actos de barbarie". Unos hechos por los que está prevista hasta la reclusión a perpetuidad.
La juez fue más allá de las peticiones de la fiscalía de París, que había reclamado procesar a catorce personas y sólo consideraba los hechos de tortura para una de las víctimas.
En principio, un total de diecinueve personas habían sido inculpadas en este caso, en el que se dictaron órdenes de detención internacional los años 2001 y 2005.
La muerte del general Pinochet, el pasado 10 de diciembre de 2006, supuso la interrupción de su expediente.
También se pararon otras órdenes de búsqueda y captura tras el deceso de Javier Secundo Emilio Palacios Ruhmann, general del Ejército de Tierra que dirigió el ataque contra el palacio presidencial de la Moneda en septiembre de 1973.
En cambio, en la nómina suministrada este miércoles por la justicia francesa figura aún el coronel en retiro de la Fuerza Aérea Andrés Pacheco Cárdenas, que murió a finales de diciembre.
En octubre de 1998, Pinochet fue detenido en Londres, en virtud de una orden de detención dictada por el juez español Baltazar Garzón. El 10 de diciembre del mismo año, el ex dictador chileno fue inculpado de "genocidio, terrorismo y torturas", sin embargo Gran Bretaña rehusó su extradición a España.
En Chile, tres procesos judiciales contra Pinochet fueron clasificados luego de su muerte.
Varios colaboradores de la dictadura han sido condenados a penas de cárcel.
Los 17 acusados por la justicia francesa son sospechosos de haber participado en la desaparición de George Klein, consejero del difunto presidente Salvador Allende -muerto luego del suicidio del mandatario socialista-, así como en las del sacerdote Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau e Jean-Yves Fernández, estos dos últimos miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).
Entre las principales personas encausadas figuran el general Manuel Contreras, fundador de la policía secreta chilena, Dina (Dirección de Inteligencia Nacional), y Paul Schaefer, de 83 años, líder de Colonia Dignidad, un enclave hasta donde fueron conducidos personas secuestradas por la dictadura.
Si los acusados, que se encuentran en Chile, se niegan a comparecer ante la justicia francesa, el tribunal de París podría disponer de los testimonios de sobrevivientes, así como de las versiones de militares arrepentidos.
El proceso comprende también los resultados de las investigaciones sobre desapariciones forzadas y torturas llevadas a cabo en Chile, además de las pesquisas realizadas por una víctima que se convirtió en detective privado, Pedro Matta.
La justicia francesa abrió una causa oficialmente en 1998.
Los jueces franceses, según la legislación vigente, tienen competencia sobre los crímenes cometidos por extranjeros fuera de su territorio nacional, si la víctima es francesa.
En lo que respecta a las desapariciones forzosas, éstas no prescriben mientras los presuntos responsables no declaren sobre el destino de las víctimas.
Tres magistrados han investigado las desapariciones, entre ellos el juez Roger Le Loire, quien intentó, en vano, en mayo de 2001, la comparecencia en París del ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, por su supuesto conocimiento del "plan Cóndor", un pacto entre las dictaduras sudamericanas para eliminar a opositores peligrosos.
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