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Philip Morris, fabricante de Marlboro, enfrenta juicios en Estados Unidos por los efectos del tabaco.
AFP
Caso por muerte de fumador

Corte Suprema de EE. UU. falla a favor de Philip Morris



Washington. AFP La Corte Suprema de Estados Unidos falló ayer a favor de la tabacalera Philip Morris que se negaba a pagar $80 millones por daños a la viuda de un fumador.

La decisión podría limitar las compensaciones reclamadas a las grandes firmas por grupos de fumadores de todo el país.

Por cinco votos contra cuatro, la máxima instancia judicial estadounidense rechazó la decisión de un jurado de Oregon.

Ese jurado decidió en 1999 el pago de $80 millones (¢41.600 millones) a la esposa de Jesse Williams, un gran consumidor de Marlboro muerto de un cáncer de pulmón dos años antes.

El jurado de Oregon consideró que las campañas publicitarias de Philip Morris, que negaban los riesgos del tabaco para la salud, fueron en parte responsables del cáncer de pulmón que mató a Williams.

De acuerdo con el procedimiento civil estadounidense, el jurado dio dos tipos de indemnización a la viuda del fumador: $520.000 por reparación del perjuicio y $80 millones por castigo al fraude de la tabacalera. La Corte Suprema de Oregon confirmó los montos.

Apelación. Philip Morris impugnó el importe del castigo.

La tabacalera alegó que el monto era desproporcionado en relación con el perjuicio sufrido por la viuda, y que los miembros del jurado consideraron el mal causado a los otros fumadores de ese estado, no implicados en el asunto.

La Corte Suprema dio en parte razón a Philip Morris y consideró que la tabacalera no podía ser condenada por el daño hecho a otros fumadores que no habían iniciado juicio en este caso.

Por el contrario, no juzgó que el monto del castigo fuera desproporcionado y estimó que es necesario un nuevo juicio para fijar el alcance del mismo.

En casos anteriores, la Corte Suprema estadounidense consideró que la proporción entre la reparación y el castigo debería ser inferior a 10. Pero hasta el presente, las jurisdicciones inferiores consideraron este criterio como una indicación, no como una obligación.

La industria tabacalera enfrenta desde los años 90 una serie de demandas judiciales, principalmente por publicidad engañosa sobre los riesgos del tabaco.

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