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¿Castigos comerciales de EE. UU.? Neoliberales e izquierda radical se solazan en culpar a otros por nuestros malesOttón Solís Economista El jefe de Redacción de este periódico, don Armando González, en destacada información en la edición del domingo 11 de febrero, primero afirma que, de acuerdo con mi criterio, solamente el Congreso Norteamericano puede eliminar a Costa Rica de la lista de beneficiarios de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), lo cual nunca he dicho ni escrito. Partiendo de esa tergiversación, dedica casi dos páginas a intentar demostrar que la permanencia de esos beneficios dependen de la Casa Blanca, y pueden ser canceladas por medio de una simple notificación presidencial. Pero aun con ese serio problema de origen, su análisis está equivocado. Según consta claramente en la legislación norteamericana correspondiente, y contrariamente a lo que afirma don Armando, las facultades del Presidente en esta materia no son discrecionales, sino que están regladas por la ley, y no puede utilizarlas arbitrariamente pues debe responder a esas reglas. En derecho –y en Estados Unidos se respeta el Estado de derecho, incluyendo la letra de la Constitución-- existe una enorme diferencia entre facultades discrecionales y regladas. Las primeras no están sujetas a ningún requisito, por lo que no se puede pedir cuentas por su ejercicio. En el caso de facultades regladas, como en este caso, sucede todo lo contrario. El motivo de su ejercicio, el contenido de lo que puede resolver y el fin a que debe buscar el ejercicio de la potestad están determinados por la ley. Según la ley de Estados Unidos, un país debe violar criterios preestablecidos para que el Presidente pueda excluirlo de la lista de beneficiarios de la ICC y solo después de que lo notifique al Congreso, y su ministro de Comercio comparezca y justifique sus razones. Así, la única manera para que Costa Rica sea excluida de la ICC por esta vía es si el Presidente, siguiendo estos procedimientos, demuestra que el país ha incumplido los criterios establecidos en la ley. Señaladamente, y esto es lo más importante, la ley no permite al Presidente eliminar los beneficios de la ICC a Costa Rica porque no ratifiquemos el TLC. Seguridad jurídica. En este marco, si el tema es la seguridad jurídica, la tiene mucho más la ICC que el TLC, contrariamente a lo que afirma don Armando y algunos otros costarricenses defensores del TLC. Estados Unidos se puede salir del TLC por un acto del Presidente, enteramente discrecional, es decir, sin condiciones ni requisitos legales de ningún tipo, excepto notificarlo a la OEA, tal y como lo establece claramente el capítulo 22, inciso 7, del TLC. Como, también de acuerdo con el TLC, nuestra participación implicaría la eliminación de los beneficios de la ICC para sustituirlos por las normas del TLC, si luego el presidente de Estados Unidos decide, utilizando la total discrecionalidad que le otorga el TLC en ese capítulo 22.7, salirse del TLC con Costa Rica, nos quedaríamos sin el santo y sin la limosna. Como es más fácil para el presidente salirse del TLC que sacar a Costa Rica de la ICC, es obvio que existe más seguridad jurídica con la ICC que con el TLC. Nos preocupa el TLC por muchas razones. Importantes políticos norteamericanos como Edward Kennedy, Henry Waxman y muchos otros, tienen aprensiones similares. Por ejemplo, al igual que nosotros, estos influyentes congresistas consideran que el TLC afectará nuestro desarrollo económico al minar la salud y la productividad de nuestros habitantes, debido a las protecciones excesivas concedidas en el TLC a caros medicamentos de marca en perjuicio de genéricos más baratos. Pero también preocupa que un asunto tan importante haya estado acompañado de tantas mentiras, como afirmar que, si no se ratifica el TLC, se perderían 500.000 empleos, que el TLC de EE. UU. con Vietnam redujo la pobreza en este país a la mitad, que los TLC son una fábrica de empleos. Reiteradamente también se afirmó que la ICC tenía fecha de expiración, y que con certeza EE. UU. nos castigaría sacándonos de su lista de beneficiarios si no ratificamos el TLC. Hoy sabemos que tales amenazas no existen, no solo por lo que hemos constatado en Washington, sino también porque el presidente Arias lo ha confirmado. Ni los campos pagados por parte del Comex, ni los artículos del embajador de Costa Rica en EE. UU., ni las páginas deLa Nación lograrán cambiar la versión del Presidente, espontánea y sin libreto preelaborado, expuesta ante la prensa nacional el 1.° de febrero desde su casa. Honestidad. Esta estrategia del miedo y las falsas amenazas no son nuevas. Ya en el pasado, los mismos que esgrimen estas mentiras hoy, aseguraron que EE. UU. nos castigaría quitándonos beneficiosos comerciales si para antes del 31 de diciembre del 1999 no se habían aprobado ciertas leyes. Para disgusto de esas personas esas leyes aún no se han aprobado y EE. UU. no nos ha castigado. Pintar a EE. UU. como un punitivo vengador ha caracterizado a algunos neoliberales y a algunos sectores de la izquierda radical a lo largo de la historia. Ambos extremos, que se juntan en muchas otras áreas, se solazan en culpar a otros por nuestros males actuales o potenciales. Específicamente esos neoliberales, en lugar de exponer sus tesis y debatirlas ante el electorado con argumentos, siempre las promueven asegurando que, si no se ponen en práctica, Washington nos negará estos fondos o nos quitará aquellos beneficios comerciales. La democracia requiere transparencia y honestidad con la opinión pública. Es urgente que el TLC se discuta en sus propios méritos y no en el marco de una nefasta campaña de miedo. No es correcto conducir a un pueblo por una ruta de temor y menos cuando las razones para ese temor son falsas. Necesitamos un país alegre, optimista, comulgando con decisiones porque las considera buenas y no porque se le pone contra la pared y se le amenaza con peligros inexistentes.
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