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EDITORIAL

Extraña celeridad

La Municipalidad de La Cruz sentó un récord de eficiencia en la sesión del 8 de agosto del 2003
Los municipios costaneros de Guanacaste tienen una grave responsabilidad sobre el desarrollo ordenado de Guanacaste


Nuestra información de ayer sobre las relaciones entre la Municipalidad de la Cruz, en Guanacaste, y un negociante italiano, acerca de la explotación de tierras en el sector costero de Cuajiniquil, agrega nuevos y graves elementos de juicio sobre lo que puede estar ocurriendo en esa provincia en el funcionamiento de las municipalidades y, en general, en el país en lo referente al ordenamiento territorial. Este comentario pretende llamar la atención del Gobierno de la República, de los diputados, de las municipalidades del país, de los profesionales y de los inversionistas. El desorden nos afecta a todos.

El desarrollo económico y social de Guanacaste debe regirse, como imperativo propio del sistema democrático constitucional, por las normas específicas enmarcadas en el Estado de derecho, así como por las reglas técnicas y prácticas idóneas para satisfacer los objetivos y fines propuestos. No es cuestión de voluntarismo o de buenas intenciones, y, mucho menos, de un afán desorbitado de lucro. La voluntad, las buenas intenciones y el lucro deben inspirarse en la recta razón, en el interés público, en la observancia de las normas legales y en los valores éticos. Y, para que el desarrollo armónico e integral cumpla su cometido, las instituciones públicas deben actuar con diligencia, eficacia y rectitud.

Lo ocurrido en la Municipalidad de La Cruz debe ser sometido a concienzudo análisis para extraer de este extraño episodio las enseñanzas pertinentes. Y nos referimos a este municipio por la conjunción de intereses de todo tipo, al margen de la ley y del buen juicio, que se dieron cita en el otorgamiento de siete hectáreas de terreno de la zona marítimo-terrestre a negociantes privados, italianos y costarricenses, como informamos el 5 de febrero pasado. Nos quedamos cortos en el reportaje. En esa misma sesión, el 8 de agosto del 2003, dicho municipio le entregó al negociante italiano Alessandro Malaguti, presidente también de la Cámara de Turismo de La Cruz, 18 concesiones en la zona marítimo- terrestre, que totalizan 20 hectáreas.

El supersónico acuerdo municipal se adoptó, según la exalcaldesa Migdalia Lara, con base en el Plan Regulador de la Zona Costera de Cuajiniquil del año 2001, financiado, casualmente, por la compañía PARA Finanzas, cuyo tesorero es el concesionario citado. A su vez, el expresidente municipal, Pedro Flores, manifestó que él y otros regidores apoyaron el acuerdo “para desarrollar a su pueblo, tan abandonado”. Las razones expuestas no son motivo válido para otorgar una concesión tan generosa. Ni el fin justifica los medios ni es dable adoptar decisiones tan graves con tanto candor y despreocupación. Aun los interesados, en esta clase de contratos, si, en verdad, desean contribuir al desarrollo de una comunidad, deben tomar en cuenta los límites legales.

Como en otros casos de sobra conocidos y sufridos, llama la atención la celeridad y eficiencia de algunos funcionarios para tomar decisiones al margen de las normas legales y en menoscabo del bien común, y su pasmosa lentitud e ineficiencia en punto al servicio público, al ordenamiento interno y al desarrollo de las propias comunidades o de las instituciones públicas. Esta conducta –tan confusa para unos y tan clara y ventajosa para otros– levanta una interrogante sobre los verdaderos móviles en esta clase de decisiones. Y lo que más duele es que, pese al número de denuncias, no se escarmienta. La desnaturalización de la función pública sigue acumulando expedientes a granel.

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