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Sala de Redacción Canciller tico gestionó sin éxito cita para tratar diferendo con Venezuela San José (AFP). El canciller costarricense, Bruno Stagno, intentó sin éxito reunirse el fin de semana con el viceministro de Industrias Básicas y Minería de Venezuela, Jesús Paredes, para esclarecer la situación de la planta procesadora de aluminio Alunasa que podría ser cerrada. "Desafortunadamente no se pudo", dijo Stagno este lunes al comentar las gestiones que hizo para entrevistarse con Paredes. El viceministro venezolano llegó el fin de semana a Costa Rica precisamente para atender asuntos relacionados con la planta de aluminio CVG Alunasa S.A., propiedad del Estado venezolano, y que opera en Esparza, 100 km al oeste de San José, empleando a 400 personas. Según diversas versiones, el presidente Hugo Chávez pretende cerrar la planta por su "enojo" con el presidente Oscar Arias, quien el pasado 1 de febrero formuló fuertes críticas contra el mandatario venezolano. Entretanto el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, tenía previsto reunirse este lunes con representantes de los trabajadores de Alunasa, que se encuentran muy preocupados por el eventual cierre de la planta, para analizar su traslado a otra nación centroamericana. El diputado Bienvenido Venegas, de la Unidad Social Cristiana, dijo a la AFP que el lunes solicitará a Arias que busque un acercamiento con Chávez para evitar el cierre de la planta que da trabajo a 400 personas. "Voy a acudir a la presidencia junto con una delegación de trabajadores para pedirle al presidente Arias que procure evitar que el presidente de Venezuela cierre la planta de Alunasa", dijo Venegas. "Para la comunidad de Esparza, que es una de las regiones más pobres del país, el cierre de Alunasa sería un duro golpe, eso tendría fuertes repercusiones sociales", declaró el diputado, que reside en esa comunidad. La tarde del viernes el presidente Arias se declaró esperanzado en que Chávez no cierre la planta. "Esperamos que no se concreten los temores de los trabajadores, pues sería lamentable despojar de su sustento a aproximadamente 400 trabajadores y a sus familias, que suman unas 2400 personas", manifestó Arias en un escueto comunicado.
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