Presidente de la Asamblea Nacional de Francia
(AFP)
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VERSALLES, Francia (AFP) -
Las dos cámaras del Parlamento francés se reunieron este lunes en Congreso para adoptar las modificaciones de la Constitución propuestas por el presidente Jacques Chirac, en especial el estatuto penal del jefe de Estado y la abolición de la pena de muerte.
Los tres proyectos de ley para estos cambios, ya votados separadamente por diputados y senadores, obtuvieron la aprobación de más de las tres quintas partes de los parlamentarios presentes en el castillo de Versalles, al oeste de París.
Esta reunión se produce dos meses antes del fin de mandato de Chirac quien, según todos los indicios, no volverá a presentarse en las próximas elecciones presidenciales.
El texto más controvertido se refería al estatuto penal del jefe del Estado, objeto de largas controversias después de que Chirac, implicado en varios asuntos judiciales, rechazara acudir a las convocatorias de los jueces.
Con el objetivo de "aportar un nuevo equilibrio al régimen de responsabilidades del presidente de la República", se confirma la inmunidad del presidente francés respecto a cualquier jurisdicción o autoridad administrativa.
Pero también se instaura un procedimiento de destitución, "en caso de falta a sus deberes manifiestamente incompatible con el ejercicio de su mandato".
Con 449 votos a favor, 203 en contra y 217 abstenciones, el proyecto de ley sólo franqueó la barra necesaria por 57 votos. Sus adversarios de la izquierda le reprochaban haber sido elaborado y votado de manera "precipitada", con el único fin de permitir a Chirac cumplir con una promesa proveniente de 2002.
Por el contrario, la inscripción de la abolición de la pena de muerte en la Constitución representaba algo simbólico: decretada en Francia el año 1981 tras la elección del presidente socialista François Mitterrand, se convirtió en irreversible en 1985 con la ratificación del sexto protocolo de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe el recurso a la pena de muerte.
La revisión constitucional, en este caso, fue aprobada casi por unanimidad de los parlamentarios, con 828 votos a favor y 26 en contra.
En un momento solemne, el senador Robert Badinter, ministro de Justicia durante la abolición en 1981, rindió homenaje, bajo los aplausos de los parlamentarios, al "coraje y voluntad política" de Mitterrand.
"Por primera vez en la historia de nuestro país, podemos evocar serenamente la abolición de la pena de muerte" porque "ya no se trata de un combate de izquierda o derecha", declaró por su parte el primer ministro, Dominique de Villepin.
El tercer texto, sobre el territorio de Nueva Caledonia, prevé el mantenimiento del cuerpo electoral de esta isla en Oceanía según la situación de 1998 para las próximas elecciones provinciales, lo que significa que quienes se instalaron posteriormente en ese territorio no podrán participar en el escrutinio. Una condición exigida por los independentistas kanakos.
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