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Democracia ¿callejera? Vladimir de la Cruz Al aprobarse la Constitución de 1949 se reiteró la fe en la democracia y se declaró que Costa Rica es una república democrática, libre e independiente, cuya soberanía reside en la nación, sin que nadie pueda arrogársela so pena de cometer el delito de traición a la patria, ni que persona o grupo de personas, pueda asumir la representación del pueblo, ni arrogarse sus derechos ni de hacer peticiones en su nombre, so pena del delito de sedición. Democracia se menciona en la Constitución solamente una vez sin adjetivos: capitalista, burguesa, proletaria, de la calle o callejera. La lucha de clases, en cambio, sí adjetivó la democracia: capitalista y socialista, burguesa y proletaria. En la evolución de la organización social y política desde la independencia, al estructurar la provincia, el Estado y la República, los costarricenses se apegaron a los conceptos de libertad, posesión derechos para constituir el gobierno, soberanía y libre comercio. En 1824 se reconoce al pueblo como soberano e independiente y, en 1825 al gobierno popular y representativo. En 1841 se dice que nadie puede arrogarse la soberanía, e indica la facultad soberana e independiente de quienes ejercen el poder supremo sobre sus actos administrativos y sus relaciones exteriores. En 1848, se declara que Costa Rica somos todos unidos como nación, libre e independiente, con gobierno popular, representativo, electivo y responsable, y se ubica la soberanía en la nación. Esto marca y vigoriza la organización política y convivencia social de nuestra democracia que nace como expresión de libertad e independencia y de formar gobierno propio.
Garantías y libertades. La democracia no es el poder ni el Estado; no es la ideología justificadora del poderoso, ni es instrumento de arbitrariedad o represión. Es el conjunto de garantías y libertades contra el poder autoritario y absoluto, expresado en nueva forma de representación política de la sociedad. La democracia como espacio político solo se da donde hay convicciones democráticas. Su libertad política se hizo acompañar de libertad económica, desarrollada hoy en la economía de mercado de la sociedad industrial, transnacional y globalizada, sociedad que estableció, como conquista democrática, la acción de los sindicatos para negociar con patronos en menor desventaja. La democracia en lo político se da con procesos de libre elección de gobernantes por los ciudadanos, con pluralismo, y en cuanto libertad económica se da con la regulación del sistema jurídico, la administración pública, la integración de territorios, de empresarios, productores y diversos agentes de distribución del producto nacional, no con la ley de la selva. Así exalta la libertad política sin temer la económica. La democracia se basa en la idea del contrato social, expresado en la Constitución, que asegura la convivencia y procura la felicidad por la mayoría, donde los ciudadanos son responsables del orden social. Cultura política. La democracia, pluralista y laica por esencia, se expresa en garantías constitucionales y jurídicas, derechos y libertades, que hacer de la vida político- económica una convivencia democrática, evitan la arbitrariedad y el abuso, donde el Gobierno asegure que la persona pueda hacer valer sus demandas y opiniones, ser libre y protegida, y que los representantes populares, presidente y diputados, expresen su opinión e intereses. La democracia se define en el respeto a las libertades, la diversidad y la afirmación de la libertad personal para identificarse con un colectivo social, no por la participación. La democracia es la forma de vida política que da más libertad al mayor número y la que protege y reconoce más diversidad social y política. La democracia descansa en la cultura política democrática de la igualdad política, que compensa la desigualdad social, y en la destrucción de los sistemas jerarquizados, no en las leyes. La democracia nació en nombre de la mayoría sin poder contra el autoritarismo dominante, liberó de las cadenas del absolutismo político y exaltó, al servicio del ser humano, el derecho de la persona y grupos a ser actores de su historia. La democracia como sistema político representativo que respeta las libertades no es la modernización económica. Su centro es la organización política que emana de la soberanía popular como principio de oposición al poder autoritario o absolutista. La soberanía popular no suplanta al gobernante por el pueblo. Esto solo se da cuando no hay gobernante o nadie está apropiado del poder. La representación política como soberanía popular expresada somete siempre el poder popular a la ley de la mayoría. La democracia no es el Estado de derecho; es la fuerza social que procura que este corresponda a los intereses de los gobernados, y es el lazo de la sociedad civil, la política y el Estado para reducir desigualdad, combinando libertad e igualdad. Como sistema político se define por estas relaciones de individuos, organizaciones sociales y poder político, no como forma de sociedad, sus instituciones y su funcionamiento. La república democrática es republicana por el papel del Estado y democrática por los actores sociales, no por la mayor intervención estatal para reducir la desigualdad. La democracia más que poder del pueblo es realmente la relación del Estado con el sistema político y la sociedad civil y viceversa. Su espacio es la sociedad política; el de la sociedad civil, las relaciones sociales conflictivas, de cooperación y negociación de los actores sociales. Cuando el Estado está al servicio del país, la nación, los actores sociales, su libertad y su responsabilidad, hay más democracia. La democracia política exige partidos políticos, libertad de elección y de representación, por los dirigentes de los intereses de la mayoría, y aceptación de sus relaciones y resultados. Violencia y arbitrariedad. La democracia no es compatible con el rechazo de las minorías ni tampoco el rechazo de la mayoría por las minorías, como contracultura de oposición conflictiva por considerar la sociedad expresión de la dominación. La democracia es conciencia de pertenencia a la colectividad política, a la nación, donde las minorías, para ser reconocidas, deben también reconocer el imperio de la mayoría. Hay democracia cuando se acepta el campo político en el que se expresan los conflictos sociales, y se adopta por voto mayoritario la decisión legítima reconocida por la sociedad, con garantías y procedimientos que aseguren la relación de la unidad del poder legítimo y la pluralidad de actores sociales. La democracia es más trabajo que ideas, y su fuerza está en la voluntad de los ciudadanos de operar responsablemente en la vida pública. La democracia puede ser destruida desde arriba por el autoritarismo y desde abajo por el caos, la violencia, la guerra civil, o los partidos que reducen a los ciudadanos a meros electores, o cuando estos y los sindicatos eliminan al pueblo como “el soberano”. También cuando se intenta sustituir con acción extraparlamentaria y extrapolítica de demandas sociales, reivindicaciones o esperanzas. Igual daño hacen quienes, al invocar democracia, se fanatizan en el absolutismo y la intolerancia. El peligro más grande es el que exalta a las minorías hasta la supresión de la idea misma de mayoría y reduce al extremo el dominio de la ley. La democracia callejera es un grito desesperado en defensa de intereses y esperanzas de quienes no ejercen el poder en la vida social y política; es una apelación a la voluntad general, al espíritu republicano, al poder popular, a la defensa de los derechos fundamentales, sin definir un régimen político. Y, al no hacerlo, propone la anarquía contra la democracia; llama contra los poderes del Estado, desconoce al Gobierno como director del Estado y legítimo representante de los ciudadanos, niega partidos políticos y a los diputados como representantes del pueblo, al margen de si se votó o se está de acuerdo con ellos; niega la misma ciudadanía y, lo peor, propone la ociosidad política. Es una errada convocatoria ciudadana contra la democracia misma. En democracia se ejercen derechos y libertades. El art. 26 constitucional permite la acción pública ciudadana: “Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios privados, o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios…”.
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