Presidente de Bolivia, Evo Morales
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LA PAZ (AFP) -
El gobierno del presidente izquierdista Evo Morales anunció la era de "la gran minería" del cobre con una inversión inicial de 500 millones de dólares y participación de inversionistas privados en la zona de los Andes y en el marco de la estatización de la producción minera en Bolivia.
En una entrevista publicada por el influyente tabloide El Deber, el ministro de Minería y Metalurgia, Guillermo Dalance, anticipó la refundación de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y, bajo su égida, la explotación a tajo abierto del promisorio yacimiento de cobre de Corococo, a 173 km de La Paz.
"En Corocoro estaremos empleando el sistema de cielo abierto con maquinaria pesada y de gran tamaño para mover grandes toneladas. Más o menos se requiere de una inversión de 500 millones de dólares", émulo de los yacimientos cupríferos de Chuquicamata y la Escondida en el norte de Chile.
La minería del cobre es uno de los más firmes puntales de la boyante economía chilena.
Chuquitamata, la mina de cobre a tajo abierto más grende del planeta, dista alrededor de 300 km de Corocoro.
"En estos momentos la Comibol tiene el perfil de proyecto, lo vamos a convertir en factibilidad y vamos a buscar un socio estratégico con quien desarrollar el trabajo", apuntó.
"En el tema de los recursos económicos y financieros que necesita Comibol, serán captados de la cooperación internacional y de la posibilidad de realizar contratos con firmas pivadas para un trabajo conjunto con la empresa estatal", destacó.
El proyecto boliviano implica también la explotación a gran escala de zinc.
"Tenemos posibilidad de enfrentar un nuevo proyecto minero de explotación de zinc en mina Matilde (a 200 km de La Paz), remarcó el ministro.
La reestatización de la minería boliviana, privatizada entre 1985 y 1997, empezó a principios de febrero con la confiscación de la planta metalúrgica de Vinto, de mano de la multinacional suiza Glencore.
El gobierno de Morales se niega rotundamente a indemnizar a la firma europea por una supuesta transferencia irregular de la planta, en 2005, por parte de la compañía Comsur, del derrocado presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada.
El megaproyecto minero boliviano, en línea con la nacionalización de los hidrocarburos decretada en mayo de 2006 por Morales, apunta a capitales venezolanos, libios e iraníes y también se apalanca en inversionistas estadounidenses y europeos que actualmente operan en el país y a quienes el Estado otorgará financiamiento, de acuerdo con Dalence.
"Hay países que quieren establecer relaciones diplomáticas con Bolivia y también encarar relaciones económicas, Irán y Libia, por ejemplo, y tenemos muy buenas relaciones con Venezuela. Estas relaciones económicas estarán dentro de los marcos de la solidaridad entre pueblos y no sometidos a relaciones que buscan el lucro", representó.
"Vamos a superar el método del riesgo compartido para seguir la línea de lo que estamos haciendo con las petroleras, nos dedicaremos a hacer contratos de producción (..) En la gran minería, sus principales exponentes Sinchi Wayra (Suiza), Inti Raymi, San Cristóbal y San Bartolomé (Estados Unidos) recibirán toda la seguridad jurídica para desarrollar sus actividades (y) el apoyo del Gobierno en distintos niveles", detalló el funcionario boliviano.
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