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Sala de Redacción Crisis política por detención de congresistas colombianos Bogotá (AP). La canciller María Consuelo Araujo anunció el viernes que continuará en su cargo, a pesar de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de encarcelar a su hermano el senador Alvaro Araujo y a otros cuatro legisladores oficialistas, acusados de tener vínculos con los grupos paramilitares. Como canciller colombiana respeto las leyes de nuestro país... Este es un momento difícil para mí, pero como siempre lo he hecho en mi vida pública seguiré trabajando con eficacia, honradez y con resultados, dijo Araujo en una declaración ante la prensa. Recordó desde el jueves por la noche el presidente Álvaro Uribe anunció que se mantendrá en el cargo porque es inocente de los cargos contra su hermano. Por salvar las apariencias no voy a sacrificar a una compatrioota que lo ha hecho bien, dijo Uribe. El senador Araujo está acusado de concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo agravado, según informó el viernes el presidente de la Sala Penal de la Corte, Alfredo Gómez. Por salvar las apariencias, no voy a sacrificar a una compatriota que lo ha hecho bien, insistió Uribe a la prensa al advertir que la decisión del alto tribunal no puede afectar a una funcionaria que ha demostrado capacidad y honestidad. La renuncia de la canciller fue solicitada en el Congreso por la oposición desde noviembre de 2006 cuando la Corte llamó a indagatoria al senador Araujo, líder del partido oficialista Alas-Equipo Colombia. Según el Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo, los dos en la oposición, no tiene presentación en el exterior y afecta la dignidad nacional que la canciller sea hermana de un senador acusado de cometer delitos en asociación con los paramilitares. La ministra está casada con un fotógrafo de la AP. Uribe también advirtió que los congresistas encarcelados deben responder ante la justicia. En un estado de leyes, nadie puede eximirse de cumplir la ley, manifestó. Además de Araujo, fueron detenidos el jueves los senadores Mauricio Pimiento, Dieb Maloof y Luis Eduardo Vives y el diputado Alfonso Campo Escobar. Otro legislador oficialista Jorge Luis Caballero, no pudo ser capturado pues se encuentra en el exterior. Anteriormente, habían sido detenidos los senadores Alvaro García, Jairo Merlano y Erik Morris. Pertenecen a los departamentos del Cesar, Magdalena y Atlántico, en donde, según el testigo Rafael García, ex director de informática del la policía secreta, el jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, montó para las elecciones del 2002 un fraude y un aparato intimidatorio para favorecer a sus candidatos al congreso, gobernaciones y alcaldías. Vives dijo el 1 de diciembre que ante los investigadores de la Corte Suprema desmintió las falsas imputaciones del señor García, bajo el examen del polígrafo (detector de mentiras). En una entrevista con RCN radio, el senador Maloof manifestó el jueves que tenía confianza en que la Corte respetará su derecho al debido proceso y aseguró que no son creíbles las denuncias de un testigo delincuente, ya que García purga condena por cooperar con paramilitares. Vaticinó que este proceso llevará a Colombia a un cataclismo político. El abogado Hernán Gonzalo Jiménez, defensor del senador Pimiento, manifestó a la AP que en las indagatoria el legislador desvirtuó los cargos de los testigos que aseguraron que su elección en 2002 se hizo bajo la presión armada de los paramilitares. No sabemos por qué la Corte no aceptó las explicaciones pues aún no se nos ha notificado la decisión, dijo Jiménez. En el computador de Jorge 40, se menciona a varios de los legisladores detenidos e información adicional sobre cómo se produjeron asesinatos, desplazamientos de campesinos despojados de sus tierras y montajes para apoderarse de dineros estatales de la salud y la educación. El magistrado Gómez, declaró el viernes que las explicaciones dadas por los congresistas en indagatoria no satisfacen a la Corte y hay pruebas que los comprometen y por eso se ordenó su detención, sin beneficio de excarcelación. Gómez informó a RCN radio que a raíz de las investigaciones contra los legisladores el ex presidente de la Corte Yesid Ramírez, y actual magistrado recibió amenazas de muerte a través de fuentes indirecta. El Ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, declaró que la detención de los legisladores oficialistas es un golpe contra la coalición de gobierno, pero esto afectará el funcionamiento del Congreso. El proceso institucional debe proseguir y quienes han sido encarcelados deberán ser reemplazados por otros hasta que la justicia produzca su veredicto definitivo, agregó Holguín en radio Caracol. También la Corte y la Fiscalía están investigando a decenas de legisladores, ex congresistas, gobernadores, diputados regionales, alcaldes y dirigentes políticos para llegar al fondo de una alianza política y delictiva con los grupos paramilitares contrainsurgentes.
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