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La Costa Rica urbana Crecimiento desordenado y vulnerabilidad ambiental en el paísLeonardo Merino Trejos Politólogo En las últimas tres décadas, Costa Rica se convirtió en una sociedad predominantemente urbana, sin crear las condiciones de protección ambiental, infraestructura y servicios que la sustente. En el centro del país, el principal resultado es una zona metropolitana caótica para el ambiente y la calidad de vida. Hoy, la Gran Área Metropolitana (GAM) alberga más de la mitad de la población nacional y de la Población Económicamente Activa (PEA). En los últimos 10 años, el número de viviendas que se construyeron o pasaron a estar en zonas urbanizadas se duplicó, en una expansión acelerada y explosiva hacia los cantones periféricos. El XII informeEstado de la nación registra algunos de los alcances y efectos de este crecimiento desordenado, que se viene dando sin planificación efectiva en el uso del territorio y sin control de su impacto en los recursos naturales. Esto se magnifica por patrones de consumo contaminantes y el alto dinamismo del mercado inmobiliario. Ataque al medio. Para el ambiente, sus efectos son múltiples: alta producción de residuos sólidos (cada persona genera el doble de residuos que hace 20 años); contaminación y problemas de recarga en las fuentes de agua; mayor flota vehicular y caos vial; presión sobre la infraestructura sanitaria e inadecuado uso del suelo, entre otros. En el plano energético, el sector transporte de la GAM mantiene una alta dependencia de los hidrocarburos, con alto impacto en el ambiente urbano y la economía. Pese al aumento de los precios, el país no logra medidas de largo plazo para modificar la demanda, reducir el consumo o mejorar el parque automotor, que alcanzó ya 1.013.823 unidades. En la GAM, un 44% de la flota de gasolina tiene más de 16 años. La crisis energética tampoco incentivó la expansión y mejoramiento del transporte público (con la salvedad del inicio del tren urbano) y son aún limitados los avances para el uso extendido de fuentes alternativas, en un país con recursos para hacerlo sin recurrir al daño de actividades extractivas. Varios estudios muestran precisamente que la exposición a gases contaminantes que sufre la población urbana supera en ocasiones los límites recomendados por las autoridades nacionales e internacionales de salud, principalmente con aporte del parque automotor. Fragmentación institucional. Estos problemas ocurren en un contexto institucional fragmentado, con limitados recursos y capacidades. Como señala el informe GEO 2006, hay 27 leyes que dan competencias a 22 instituciones para el ordenamiento territorial. Hay esfuerzos recientes con el establecimiento del Consejo Nacional de Planificación Urbana en el 2000, y la Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, en el 2001, el proyecto PRUGAM, “San José Posible” e iniciativas municipales particulares, entre otros. Sin embargo, a 10 años de laLey Orgánica del Ambiente , predomina una desarticulación en las normas relativas a ese ordenamiento, establecido precisamente como eje fundamental en la ley, y el marco institucional muestra limitaciones para tratar el contexto urbano integralmente. La construcción del país que queremos pasa por revisar este caos generado en las últimas décadas. Los costos sociales, económicos y ambientales ya acumulados demandan devolver al ambiente lugar prioritario en la agenda política nacional y el modelo de desarrollo del país.
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