Canciller colombiana, María Consuelo Araújo
(AFP)
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BOGOTA (AFP) -
La orden de la Corte Suprema de Justicia de detener a otros seis congresistas de la coalición que respalda al presidente Alvaro Uribe pone en aprietos al mandatario, que enfrenta fuertes pedidos para que retire a su canciller, hermana de uno de los capturados.
Dirigentes de oposición reclamaron este viernes la renuncia de la canciller María Consuelo Araújo, después de que su hermano Alvaro fuera detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia, que dispuso además la captura de otros cinco congresistas por presuntos nexos con los grupos de ultraderecha.
Hasta ahora la Corte -responsable de juzgar a los congresistas protegidos por un fuero especial- ha determinado la detención de nueve legisladores, en el marco de un proceso iniciado en noviembre para establecer los nexos de los políticos con grupos de ultraderecha.
El hecho fue celebrado por el gobierno de Estados Unidos que expresó este viernes su confianza en el sistema judicial de Colombia, su mayor aliado en la región.
"Confiamos en el sistema judicial colombiano para tratar estos casos", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tom Casey. "Es importante, no sólo para Colombia sino para todos los países que se les pida cuentas a los que están implicados en cualquier actividad ilegal, sea una vinculación con fuerzas paramilitares o con actividades criminales", dijo.
Todos los detenidos pertenecen a la coalición de gobierno, lo que podría afectar la mayoría en el Legislativo, que tiene en sus manos la aprobación de importantes iniciativas, entre ellas el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
La Corte también pidió a la Fiscalía que se investigue al padre de la canciller por su relación con un secuestro realizado por las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La ministra de Relaciones Exteriores dijo que se mantendrá en el cargo. "Como canciller de Colombia, respeto y acato las decisiones de la justicia", señaló en una declaración que leyó a la prensa en la sede de su despacho.
La Corte denunció el viernes amenazas de muerte contra uno de sus magistrados, Yesid Ramírez, quien firmó algunas de las ordenes de captura.
Entretanto, Uribe descartó el jueves, tras conocer de la decisión de la Corte, que vaya a pedir la renuncia a Araújo, al destacar la labor que ha cumplido desde su nombramiento en agosto.
El mandatario también señaló que las acciones contra congresistas oficialistas, demuestran que su gobierno fortaleció a las instituciones dentro de la lucha contra los paramilitares.
"La verdad es que el país ha vivido una larga tragedia, y apenas se está dando cabal cuenta ahora, gracias a la seguridad democrática, que ha hecho que los colombianos le pierdan el temor al ocultamiento", subrayó Uribe.
El presidente colombiano, que llegó al poder en agosto de 2002 y fue reelegido el año pasado para un segundo cuatrienio, esgrime como bandera su política de seguridad democrática, con la cual ha combatido a las guerrillas de izquierda y negociado la desmovilización de los paramilitares.
Los líderes de las AUC permanecen en una cárcel, tras culminar en abril la desmovilización de 31.000 combatientes a cambio de beneficios judiciales, como penas máximas de cinco a ocho años para los crímenes que cometieron durante los últimos 20 años en que enfrentaron el avance de las guerrillas de izquierda, con financiación del narcotráfico y apoyo de algunos militares.
Fueron justamente los documentos encontrados en un computador de uno de estos jefes paramilitares, Rodrigo Tovar (alias "Jorge 40"), los que comprometieron a decenas de políticos de la costa del Caribe (norte) con las AUC y con algunas masacres de campesinos.
Las investigaciones permitieron, además, revelar la existencia de un texto firmado en 2001 por las AUC y once legisladores, dos gobernadores departamentales y cinco alcaldes, que promovía un proyecto político cercano a la ultraderecha.
La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) ha acusado siempre a Uribe de ser afín los paramilitares, lo que ha sido rechazado con vehemencia por el mandatario.
La explosión de un petardo hirió a una persona la mañana del viernes en un edificio cercano a la Fiscalía -donde permanecían detenidos tres de los congresistas- pero las autoridades descartaron cualquier relación con la investigación y confirmaron posteriormente que se trató de un accidente.
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