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Proyecto impulsa aumento de escolaridad en trabajadores Ana Lupita Mora lumora@nacion.com La diputada liberacionista Mayi Antillón dio a conocer ayer, al final del Consejo de Gobierno, un proyecto de ley con el que se pretende que los trabajadores que no hayan concluido sus estudios primarios o secundarios puedan hacerlo. El plan establece que el Ministerio de Educación Pública (MEP), a través del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), implementará programas educativos especiales para esas personas. La legisladora aclaró que con la iniciativa se busca que los trabajadores con baja escolaridad puedan acceder a mejores puestos en sus lugares de empleo, una vez que concluyan los años de educación que les hacen falta. La jefa de la bancada liberacionista explicó que el programa tendría una duración de cinco años después de aprobada la ley, y esperan que unos 500.000 trabajadores se beneficien con el proyecto. Este planteamiento, dijo Antillón, también evitará problemas a las personas que, por su edad, desean asistir a centros educativos para concluir la preparación académica formal. Por su parte, el ministro de Educación, Leonardo Garnier, expuso ante el Consejo que la baja escolaridad está totalmente ligada a lo que llamó “los peores empleos”. Garnier agregó que alrededor de dos tercios de las personas que realizan “trabajos de baja calidad no terminaron ni la primaria ni la secundaria”. Herramienta. La propuesta de Ley para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población trabajadora tiene como propósito fundamental “facilitar el cumplimiento del tercer ciclo de Educación General Básica y el ciclo de la Educación Diversificada”, por parte de los trabajadores que no han concluido su enseñanza media y que participan en programas del Instituto Nacional de Aprendizaje. El MEP será el ente rector para ejecutar el proyecto y el encargado de diseñar los programas académicos dirigidos a estas personas, de acuerdo con el texto. El INA y MEP tendrán que destinar los recursos correspondientes para que, en forma conjunta, desarrollen dichos programas académicos, y aporten el financiamiento para la contratación de los docentes y la adquisición de los materiales didácticos. Los programas se impartirán en los centros del MEP, el INA y en las empresas que faciliten sus instalaciones para tal fin. La iniciativa, dijo Antillón, “posibilita mejorar las condiciones socioeconómicas de la población trabajadora del país y constituye un esfuerzo que debe articularse de manera responsable, solidaria, integral y conjunta entre las dos instituciones públicas, con el apoyo de la empresa privada.
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