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Contraloría investiga concesión de Murciélago Auditores revisan concesión de 7 hectáreas a inversionista italianoEuropeo propone convertir casona de exdictador Somoza en un museo Rónald Moya rmoya@nacion.com Dos auditores de la Contraloría General están desde el lunes en la Municipalidad de La Cruz, Guanacaste, investigando la concesión de 7 hectáreas de la zona marítimo-terrestre a un inversionista italiano en la zona costera de Cuajiniquil. El Ministerio de Seguridad Pública se opone a la concesión pues dentro del área otorgada hay cuatro hectáreas que ocupa la base policial Murciélago hace más de 30 años, cuando los terrenos fueron expropiados al exdictador nicaragüense Anastasio Somoza. Incluso, allí existe una vieja casona que perteneció al exgobernante. Los auditores “llegaron de forma sorpresiva con la misión de investigar la concesión que la Municipalidad otorgó en setiembre del 2003 a la compañía Condominios Punta Castilla”, confirmó el alcalde, Carlos Matías Gonzaga. Condominios Punta Castilla pertenece al italiano Alessandro Malaguti, quien planea construir condominios de lujo. Gonzaga explicó que los funcionarios de la Contraloría visitaron ayer la base policial de Murciélago, en compañía del encargado municipal de la zona marítimo-terrestre, Deiby López. En octubre pasado, el ministro de Seguridad, Fernando Berrocal, ordenó expulsar a los ingenieros enviados por Malaguti, quienes pretendían medir el área. Propuesta. En busca de un arreglo a la disputa por las tierras, Alessandro Malaguti propuso al ministro Berrocal convertir la casona de Somoza en un museo para disfrute del turismo. Malaguti le hizo la propuesta el lunes en una reunión en el despacho del jerarca, según indicó el abogado Rodolfo Alvarado, quien acompañó al europeo. “Aunque el señor Malaguti tiene derecho legal sobre las tierras, no queremos llegar a pleitos judiciales, si existe buena voluntad entre las partes”, dijo el abogado. Alvarado agregó que los inversionistas están interesados en contribuir para embellecer las playas de Cuajiniquil. “Ellos también están interesados en mejorar el campo de aterrizaje de la base policial”, expresó Alvarado. Ante una consulta de La Nación sobre la propuesta, Berrocal contestó: “No es viable, y así se los hice ver en la reunión; son tierras del Estado desde hace muchos años y no se negocian.
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