Alijo incautado en Colombia
(AFP)
|
BOGOTA (AFP) -
El fantasma de la financiación del narcotráfico a la campaña que eligió al ex presidente de Colombia Ernesto Samper (1994-1998), revive ahora con una declaración desde México de un ex ministro de defensa, que lanza el agua sucia sobre Horacio Serpa, líder del opositor partido Liberal.
Serpa salió este jueves a defender su gestión como responsable de la campaña de Samper y luego como su ministro del interior.
"Tengo mi verdad absoluta y es que nunca participé en nada ilegal" declaró Serpa, derrotado en las tres últimas elecciones presidenciales como candidato oficial del partido Liberal, a la radio Caracol.
La respuesta de Serpa fue motivada por nuevas declaraciones del ex ministro de Defensa, Fernando Botero, quien se trasladó a México después de purgar cinco años de prisión como responsable del ingreso de unos seis millones de dólares aportados por el cartel cocainero de Cali para la campaña de Samper.
En dos entrevistas con medios colombianos, Botero señaló esta semana que además del propio Samper -a quien ya había acusado en 1996-, el ex ministro Serpa también supo del ingreso del dinero de la mafia.
En un comunicado divulgado desde Guatemala, el ex presidente Samper señala que su ex ministro de defensa "recurre a grandes mentiras para eludir sus responsabilidades".
El procurador colombiano Edgar Maya le pidió este jueves a Botero que regrese a su país, "dé la cara y cumpla las decisiones que ha proferido la justicia colombiana y si tiene testimonios y hechos nuevos que manifestar que lo haga".
Botero, hijo del pintor colombiano del mismo nombre, tiene una orden de captura internacional expedida por pedido de una corte colombiana que en enero lo condenó por apropiarse de un millón de dólares del dinero que los narcotraficantes entregaron a la campaña de Samper.
Según el fallo, Botero utilizó dicho millón para adquirir una hacienda en el centro de Colombia y abrir tres cuentas bancarias en Nueva York.
Botero reivindicó en sus declaraciones que nació en México, lo que según juristas dificultaría su extradición hacia Colombia.
En 1994, cuando era director de la campaña, en la que Samper derrotó al conservador Andrés Pastrana, Botero aceptó que se recibiera dinero donado, entre otros, por los capos de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez, ahora encarcelados en Estados Unidos.
El escándalo estalló por la denuncia de Pastrana y se incrementó después que Botero confesara en una entrevista de televisión, en enero de 1996, que la operación se hizo con consentimiento de Samper.
El Congreso colombiano investigó al presidente, pero archivó el caso en una polémica votación. Samper siempre aseguró que el dinero ilícito ingresó a la campaña "a mis espaldas".
Sin embargo, con las mismas pruebas, la Fiscalía llevó a la cárcel a una veintena de políticos por aceptar dinero de la mafia, en una causa judicial conocida en Colombia como el "proceso 8.000".
Estados Unidos por su parte retiró la visa de ingreso a Samper, por sospechas de nexos con narcotraficantes.
La reapertura del debate sobre el "proceso 8.000", ocurre en momentos en que la justicia colombiana investiga a decenas de políticos y antiguos funcionarios por nexos con los paramilitares de extrema derecha financiados por el narcotráfico, a los que se culpa de 9.000 crímenes de lesa humanidad.
Incluso el congresista del Polo Democrático, Gustavo Petro (izquierda), ha señalado que el presidente Alvaro Uribe estaba impedido para negociar la desmovilización de esos grupos -concluida en abril-, debido a que un hermano suyo fue vinculado con los paramilitares en un informe de un organismo de inteligencia.
| 
