"Nacionalizado": problemas en Vinto, Bolivia
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LA PAZ (AFP) -
El gobierno boliviano se preparaba este miércoles para defender legalmente la nacionalización de una planta fundidora de minerales, tras la decisión del consorcio suizo Glencore de iniciar un juicio para reclamar una indemnización.
El ministro de Minería, Guillermo Dalence, y el portavoz de Gobierno, Álex Contreras, señalaron de manera coincidente y por separado que Bolivia tiene los fundamentos legales y técnicos que justifican la nacionalización de la planta fundidora de Vinto, 245 km al sur de La Paz, y que no habrá ningún pago de indemnización.
La trasnacional Glencore, que administraba la fundidora de minerales a través de su filial Sinchi Wayra (viento fuerte en lengua nativa), rechazó en un comunicado desde su oficina matriz en Suiza, la decisión asumida el pasado viernes por el presidente socialista Evo Morales.
El gobierno emitió un decreto para la toma de la planta fundidora de minerales, con la ayuda de tropas del Ejército, y designó a un gerente general para la conducción plena de la empresa, ubicada en la provincia andina de Oruro (sur).
Glencore apeló a un Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, firmado entre Suiza y Bolivia en 1991, que "prohíbe la expropiación de inversiones hechas por corporaciones suizas en Bolivia, salvo que fuera en el interés público y acompañadas por el pago de una compensación efectiva y adecuada".
La empresa dijo que se reserva el derecho de tomar las acciones necesarias para proteger sus intereses, de acuerdo con la legislación boliviana y las leyes internacionales, "incluyendo su derecho de acceder a arbitraje internacional".
Glencore aseguró que el tratado suizo-boliviano protege sus inversiones -estimadas en unos 200 millones de dólares, según la prensa local- y demandó al gobierno de La Paz el "pago oportuno de una compensación plena" por Vinto.
La empresa suiza, que dijo oponerse "firmemente a esta violación de la propiedad privada que atenta contra sus derechos", aún no anunció en qué instancia hará prevelacer el derecho que dice tener, aunque la advertencia no amilanó al gobierno boliviano.
El ministro Dalence afirmó este miércoles que "vamos a ganar cualquier juicio que se inicie y en cualquier lugar", y acotó que las razones técnicas y legales de la administración de La Paz justifican la decisión de nacionalizar la empresa, privatizada en 1999.
El portavoz Contreras declaró que el gobierno está preparado para enfrentar la demanda arbitral de la empresa Glencore AG y acotó que se cuenta con el resultado de varios estudios que demuestra "daños económicos" contra el Estado, durante el proceso privatización y las posteriores transferencias de acciones.
La fundidora, construida a fines de la década del 60, fue tasada en 1999 en 140 millones de dólares, pero para su privatización su valor fue estimado en 14,7 millones de dólares por la francesa BNB Paribas, afirmó el gobierno.
El consorcio indio Allied Deals pagó a Bolivia 14,7 millones de dólares por Vinto, pero tras caer en quiebra vendió sus acciones en 2003 a la empresa Comsur, del magnate minero y ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, en 6 millones de dólares.
En 2005, dos años después de que Sánchez de Lozada fuera derrocado por una insurrección popular, Comsur vendió todo su patrimonio minero en Bolivia por unos 200 millones de dólares, incluida Vinto, según el periódico La Razón.
Morales ya nacionalizó los hidrocarburos, lo que le permitió elevar los ingresos fiscales de 300 a 1.200 millones de dólares al año, y se ha propuesto estatalizar otras empresas.
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