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EDITORIALEl desafío de las maras Hasta ahora se ha cometido el error de privilegiar la represiónLo correcto es combinar la prevención, la reinserción y el control El gran problema para su seguridad que, junto al narcotráfico, hoy padecen Guatemala, El Salvador y Honduras, es la acción de las pandillas juveniles conocidas como maras. Su violencia también alcanza a varias ciudades de México y Estados Unidos, en especial Los Ángeles. Y, aunque nuestro país, Nicaragua y Panamá se han mantenido al margen del problema, debemos estar muy pendientes de su posible desarrollo, para evitar caer en la espiral de marginalidad y violencia que ha envuelto a nuestros vecinos. El desafío regional de las maras ya fue tema de una cumbre de presidentes centroamericanos y mexicano, celebrada en Tegucigalpa; lo ha discutido el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y ha producido múltiples intercambios policiales en la región. Además, las llamadas “leyes de mano dura” se han incorporado a las legislaciones penales guatemalteca, salvadoreña y hondureña; sus cárceles están llenas de mareros, sus ejércitos han salido a las calles para tratar de controlar la violencia y se han realizado múltiples esfuerzos para reorganizar o variar las tácticas de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el problema sigue creciendo, lo cual demuestra que algo (o mucho) ha fallado hasta ahora. A pesar de la conciencia de los líderes políticos, sociales y policiales de los países afectados sobre la diversidad de factores que inciden en el desarrollo de las maras, la respuesta oficial se ha concentrado en la represión. De ello es ejemplo una reunión regional sobre el tema realizada la pasada semana en Los Ángeles. Su alcalde, Antonio Villaraigosa destacó la “conexión” que existe entre las pandillas, la pobreza, los bajos niveles educativos y la falta de oportunidades laborales para los jóvenes. Sin embargo, el encuentro concentró, exclusivamente, a los jefes policiales de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, y su principal iniciativa fue establecer una unidad transnacional para que estos últimos tres países, más Belice, combatan las pandillas. No hay duda de que las acciones de seguridad son indispensables, al igual que la cooperación internacional, para enfrentar las actividades de esos grupos y para manejar adecuadamente las deportaciones de pandilleros centroamericanos de Estados Unidos a sus países, a los cuales llegan con gran experiencia e ímpetu delictivo. También son necesarias las acciones policiales para cortar sus nexos con el crimen organizado, principalmente el narcotráfico, y para capturar, procesar y condenar a los responsables de delitos. Sin embargo, con igual o mayor fuerza deberían organizarse, integrarse y trabajar los mecanismos de prevención, tratamiento y reinserción de los jóvenes en riesgo y los mareros. De lo contrario, la producción de delincuentes seguirá creciendo y desbordando las opciones represivas. Aunque no se puede demostrar una causalidad directa entre pobreza y pertenencia a las maras, varios estudios sí han puesto en evidencia que la falta de oportunidades, de modelos de conducta y de redes de apoyo familiar o social, así como el hacinamiento, el deseo frustrado de consumo y la estigmatización, alimentan el fenómeno. Atacar esas carencias y problemas es algo muy complejo. Requiere buenas políticas y resultados económicos y sociales, además de programas para fomentar la integración de los jóvenes a su entorno y para rescatar a aquellos que ya han caído en la delincuencia. Cada país, desde sus ámbitos oficiales y privados, impulsa iniciativas en todos esos sentidos, pero la mayoría son poco sistemáticas y están desarticuladas o aisladas de políticas más amplias. Mejorar esos programas y equilibrar adecuadamente todas las dimensiones del problema pandillero, para abordarlas de forma integral, debería ser la principal prioridad de los países afectados. Si, en cambio, el énfasis se dirige solo hacia la represión, la magnitud del problema seguirá creciendo, con efectos secundarios de extrema gravedad, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos. Es hora de que los esfuerzos nacionales regionales para enfrentar a las maras sean más amplios, equilibrados y visionarios. Y es hora, también, de que no solo hablen los policías, sino también los jueces, trabajadores sociales, autoridades educativas, organizaciones no gubernamentales, dirigentes comunales, familiares y vecinos.
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