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Papeleo encarece adquisiciones del GobiernoEstado paga ¢135.000 por teléfono celular de ¢75.000 Compra por caja chica se eleva un 80% más y toma una semana de trámiteControl ineficiente y duplicidad de pasos alimentan maraña administrativa Juan Fernando Lara S. jlara@nacion.com Una institución pública paga ¢135.000 por un teléfono celular que vale ¢75.000. El incremento de 80% en el costo del aparato se debe, exclusivamente, a trámites burocráticos. La compra del teléfono requiere una semana de trámite aunque se haga por caja chica, que se supone es una vía rápida para atender compras urgentes.
Incluso adquirir insumos básicos para uso inmediato, como tinta para impresora, suministros de oficina, muebles o computadoras, exige semanas de trámites. Los datos se desprenden de un estudio que mide los costos –en tiempo y dinero– generados por ciertas regulaciones y trámites. El estudio fue elaborado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). La metodología seguida por el MEIC cuantifica el costo directo de cada regulación que interviene en un trámite como, por ejemplo, cánones, timbres, tarifas y honorarios para formalización de documentos. El análisis también mide costos indirectos, como el valor de las horas laboradas por los funcionarios involucrados en las gestiones asociadas a reglamentos. Rigidez. La lentitud y encarecimiento de los procesos se debe en parte a la rigidez de la normativa a seguir, explicó la directora de Mejora Regulatoria y Reglamentación del MEIC, Isabel Araya. Las instituciones disponen de un fondo de ¢200.000 para compras menores en efectivo –caja chica – pero cualquier compra entre ¢25.000 y ¢200.000 requiere la presentación de un mínimo de tres cotizaciones. Si un bien o servicio supera los ¢200.000, la ley obliga a abrir una licitación pública. En el caso del celular, el trámite consumió una semana, pero los procesos más sencillos requieren hasta de dos días, explicó Karen Artavia, de la dirección administrativa del MEIC. Concretar la compra de un carro de ¢5 millones puede llevarse más de seis meses lo cual eleva el valor original del vehículo en ¢1,2 millones precisó Artavia. El viceministro de Economía, Jorge Woodbridge, agregó que la maquinaria burocrática “se convierte en un cuello de botella” y fomentan un mal servicio al público. La falta de reglas claras, afirma el funcionario, se une a la discrecionalidad excesiva de los empleados públicos, quienes definen sus propias reglas y requisitos. Esto crea un ambiente propicio para actos de corrupción, pues los ciudadanos optan por pagar “mordidas” para agilizar los procesos.
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