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Asesino de dos policías aceptó pena de 41 años de cárcel Agentes sacaron al homicida de un autobús que recorría la ruta de PavasJuez dice que hombre tomó ventaja para garantizarse muerte de oficiales Otto Vargas M. ovargas@nacion.com El exguerrillero sandinista Rolando Antonio Ortega Ortega irá a prisión 41 años luego de aceptar haber dado muerte a los dos policías que el 22 de agosto del 2006 lo bajaron de un autobús en Pavas. El sujeto se sometió, el 12 de enero, a un proceso abreviado (aceptación de cargos a cambio de una pena menor). El día del doble asesinato cayeron los agentes Johnny Hidalgo Díaz y Cristian Zamora Murillo. Los oficiales pidieron a Ortega que bajara del autobús ante reportes que daban cuenta de un pasajero en actitud sospechosa. “(...) justamente cuando el oficial Hidalgo se encontraba de espaldas al acusado, procedió Ortega –sin que mediara ninguna justificación, actuando con pleno conocimiento de sus actos con clara intención homicida– a sacar un arma de fuego que portaba en su salveque y le disparó al oficial en tres ocasiones”, detalla la sentencia. Acto seguido el asesino hirió al otro policía, Cristian Zamora, en el brazo. Pese a la herida, el agente policial persiguió al sujeto hasta alcanzarlo cerca del lugar donde lanzó el primer ataque. Para su mala fortuna, el agente resbaló y al caer al piso el homicida lo remató de tres balazos. Negociación. Ortega negoció con el Ministerio Público una pena de 40 años por los homicidios, ocho meses por resistencia agravada y cuatro meses por portación ilegal de arma permitida. “El sindicado Ortega se asegura los medios idóneos para sorprender a los oficiales y cometer ambos homicidios con ventajas que hacían imposible la defensa de las víctimas”, detalló el juez Hugo Vargas en el fallo. De acuerdo con el jurista, Ortega hizo creer a los agentes que estaba dispuesto a someterse a una requisa de investigación y por eso accedió a acompañarlos cuando estos así se lo solicitaron. En el caso de Zamora (el policía que resbaló), los jueces indicaron que al dispararle a quemarropa en el suelo le quitó la posibilidad de defensa, clamar por su vida o escapar de ahí. El revólver empleado para ultimar a los agentes (un Ranger calibre 38) pasa a manos del Estado pues carecía de papeles, entre estos el permiso de portación.
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