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¿El silencio de los inocentes…? Un régimen para las ambiciones y rebatiñas intestinas de los partidos mayoritariosJohnny Meoño Segura Economista No es este un comentario sobre el sangriento siquiatra caníbal del cine, sino sobre otro tipo de canibalismo, que se practica desde hace por lo menos 36 años, con la complicidad por comisión u omisión de muchos que, habiendo estado en posiciones privilegiadas de observación o estudio de tal fenómeno, han guardado silencio. Así es. Nos referimos al canibalismo político que ha malogrado instituciones y recursos creados para administrar el patrimonio del habitante en la Constitución; o sea, sus derechos. Comenzó con gran descaro, y mucho antes de que los nicaragüenses sorprendieran al continente con su propia piñata, con la ley 4-3 de juntas directivas en 1970 que concedió al “Comité Ejecutivo del Partido Unificación Nacional” el derecho de nombrar tres directivos con tal que el Gobierno pudiera nombrar cuatro al inicio.
Descarada injerencia. Siguió con el régimen de presidencias ejecutivas de 1974, un régimen que trasladó las ambiciones y rebatiñas intestinas de los partidos mayoritarios al ámbito de las instituciones y que ha distorsionado radicalmente la noción de carrera administrativa y mérito en esos entes (uno de los conceptos más prostituidos de nuestro glosario político junto con el de “transparencia”). Se dio paralelamente en aquella época (1974) la “instalación” de comités informales del PLN para perseguir contrarios y favorecer partidarios (luego el PUSC activó y consolidó “lo suyo”). Hoy, se sorprenden muchos por la descarada injerencia de una “secretaría del PLN” en el MEP, como si todos estos años los partidos no hubieran aplicado esas pautas informales en casi toda institución, sin ningún pudor. ¿Cuántos saben, a manera de ejemplo dramático, que la Ley del MEP de 1965 consagró la figura de un “administrador general”, inaplicada por todos pues fue concebida para eliminar toda intromisión política en la educación pública? Siguiendo con esta triste reseña, diremos que el asunto se puso color de hormiga cuando, teniendo a mano la Ley General de la Administración Pública de 1978 con su contundente régimen de dirección política del Poder Ejecutivo sobre juntas directivas, que hacía innecesario dicho régimen de presidencias, los gobernantes optaron por mantener este y no ejercer aquel. ¿El resultado neto? Desorden total en el devenir de ministerios e instituciones, politizándolas hasta el olote y malogrando su accionar integrado, no resolviéndose por ello ninguno de los persistentes problemas nacionales. Previamente, desde 1974, con la Ley de Planificación Nacional , ya se tenía que volar alto, con disciplina, visión de largo plazo, con gran participación sistemática de la población y con las instituciones modernizándose bajo el liderazgo de Mideplan para ajustarlas a los signos de cada tiempo. Pero nada de esto se ha hecho, menos con visión unitaria pues esas dos leyes no se aplican de manera articulada entre ellas ni con las recientes sobre corrupción, control interno y trámites, ni estas entre sí. Palos de ciego. Todo esto lo hemos ventilado públicamente, con una amplia sustentación jurídica, conceptual e interpretativa desde la entonces Ofiplan, en libros y otras publicaciones, y en particular desde esta misma página, sin que francamente hayamos logrado conmover a ese conjunto de actores que podían haber aportado semejantes o mejores análisis y denuncias sobre este enorme “incumplimiento nacional”, que nos tiene postrados como nación. Muchos, sin reconocer esta normativa superior de lujo ni las causas histórico-políticas de su inoperancia real, proponen constituyentes y más leyes, “reformas del Estado” y más “democracia participativa”; más aún, se embelesan con frecuencia con enfoques foráneos que no reconocen este fenómeno o problemática costarricense, con lo que incurren así en análisis extrapolados de nuestra realidad y, por ende, en recetas inoperantes o ingenuas. El punto crucial es que, al fin de cuentas, no hay inocencia cuando se propugnan cambios radicales sin reconocer el porqué de nuestra incompetencia y negligencia al no hacer funcionar el sistema que tenemos claramente normado, ya que los vicios que exhibimos hoy se trasladarían a cualquier nuevo “sistema de cosas”. Desde hace 36 años, estamos enclochados por la superficialidad que prohijamos alrededor del análisis y práctica de los complejos procesos gubernativos determinativos del desarrollo nacional. Los palos de ciego dados en pobreza, los venimos dando en todo lo demás, exactamente por las mismas razones conceptuales y empíricas aquí referidas. El silencio concreto de tantos sobre este fenómeno y estos factores nos mata. ¿Reconocerá juiciosa y responsablemente este “gran incumplimiento” el Plan Nacional de Desarrollo recién anunciado y lo enfrentará con determinación? A todos conviene de corazón que lo haga, para bien del país. Lo estudiaremos con total seriedad.
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