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Paremos esta ignominia José Joaquín Arguedas jarguedas@ice.co.cr Director General de Servicio Civil En buena teoría, un Sistema de Servicio Civil en democracia busca prístinamente la profesionalización de la función pública. Por su medio, el Estado contrata gente idónea, garantiza su estabilidad, y ello debe traducirse en eficacia gubernamental. Es un sistema muy defectuoso, pero, parafraseando a Churchill respecto a las conocidas falencias de la democracia, el consti- tucionalismo moderno no ha propuesto todavía nada mejor y lo sigue considerando un instituto clave del valor económico y social fundamental que es la seguridad jurídica. Por otra parte, Evans y Rauch (1999) aducen que la sustitución de un sistema de padrinazgo por una burocracia pública profesional es una condición, no suficiente, pero sí necesaria, para el desarrollo de los países. Resulta que, cuando una banda de actores aúna esfuerzos para aprovecharse de las bondades del sistema y cometen fechorías, ello es pecado capital. La ciudadanía concede su confianza a las instituciones y, si estas traicionan sus aspiraciones, se resiente la legitimidad de todo el sistema político. En reacción a los recientes reportajes de La Nación sobre la existencia de una estructura paralela en el Ministerio de Educación Pública (MEP) –en ocasiones multipartidista y multisectorial–, que nombra a su antojo a los adláteres que el clientelismo, nepotismo o amiguismo les dicte, debemos decir desde la institución que represento, que este problema es de vieja data. De engendros y ungidos. Para descubrir una y otra vez en cada región educativa estos engendros –encargados de nombramientos– no es más que seguir buscando, al igual que con el problema del (des)control del sistema salarial del MEP. En cuanto a esto último, cada vez que un ministro desea intervenirlo, misteriosamente varios cientos de educadores se quedan sin pago y surgen quienes desde varios frentes piden su renuncia o destitución. La DGSC y la Contraloría General de la República han denunciado la inconveniencia e ilegalidad de estos ungidos –encargados de nombramientos–. Esta última emitió un dramático Informe: DFOE-EC-59-2002. Si no padece de vértigo, le invito a su lectura. Pero usted, estimado lector, se preguntará: ¿Cómo llegamos a esto? ¿Siempre ha sido así? Veamos. Esta “estructura” obviamente en muchas administraciones ha sido abiertamente oficializada. Para ello la DGSC fue “ninguneada” in crescendo, primero quitándole el manejo de los “pedimentos de personal”, evitando que pudiésemos conocer las vacantes existentes. A continuación el MEP asume la administración de los “concursos interino docentes”. Leamos “concurso” como un eufemismo, dado que no había tal concurso: solo se recogían documentos. Amputación sistemática. A continuación y sistemáticamente, a la DGSC le le fue cercenado su presupuesto, que pasó de un 9% para gastos operativos en la década de 1990 a un 0,98% en el 2005, y se le imposibilitó hacer publicaciones de concursos, por propia iniciativa, debiendo esperar a que el MEP u otros ministerios quisieran destinar recursos para publicar sus vacantes. Sería algo así como pedir al rey Herodes un aporte para el Patronato Nacional de la Infancia. La DGSC, con el apoyo decidido del ministro Garnier, ha recuperado, a pesar de todos los “imprevistos” conocidos, el concurso interino docente y oficialmente ha pedido al MEP la remisión de todos los pedimentos de personal –docentes, técnico-docentes, administrativo-docentes y administrativos–. Así sabremos cuáles puestos están efectivamente vacantes –y no para sustitución– y también de qué manera vamos a programar los concursos en el futuro. Todo esto es un juego muy peligroso. Cada vez que en aras de lograr esta transformación cometemos el más mínimo error –humano o informático, real o ficticio– ciertos sectores lo maximizan y de inmediato organizan un circo mediático contra aquellos que buscamos llegar a las raíces de este problema. Pareciera que, parafraseando a Bertolt Brecht, el monstruo que engendró este adefesio político-administrativo, sigue fecundo.
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