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Foto Principal: 1496879
El Ministerio de Seguridad ordenó impedir el ingreso de personas ligadas al inversionista.
Carlos González
Tierras de Base Policial Murciélago

Municipalidad anulará concesión a inversionista

Funcionario municipal duda de su firma en informe sobre inspección
Nuevo alcalde de La Cruz dice que hubo “vicios graves” en el trámite

Rónald Moya
rmoya@nacion.com

La Municipalidad de La Cruz, Guanacaste, iniciará en los próximos días un proceso para anular la concesión otorgada en el 2003 a un inversionista italiano para explotar unas tierras ocupadas por la Base Policial Murciélago desde hace más de 30 años.

El nuevo alcalde de La Cruz, Carlos Matías Gonzaga, quien asumió el cargo ayer, señaló que la concesión tiene “graves vicios” y que lo que procede es iniciar acciones para anularla.

Se trata de una concesión por 20 años, prorrogables, otorgada a la compañía Condominios Punta Castilla S. A., cuyo representante es el italiano Alessandro Malaguti, quien es el presidente de la Cámara de Turismo de La Cruz.

La Municipalidad concedió a esa compañía el derecho de explotar turísticamente casi siete hectáreas (69.000 metros cuadrados), ubicados en la zona marítimo terrestre de Cuajiniquil de La Cruz para un proyecto habitacional.

El conflicto se origina en el hecho de que unas cuatro hectáreas del total entregado al inversionista están ocupadas desde hace más de 30 años por la Base Policial Murciélago, en donde se capacita a los policías de todo el país.

Según el alcalde de La Cruz, un informe que hizo el funcionario municipal Luis Francisco Vega López sobre la inspección de los terrenos, el cual fue clave para el otorgamiento de la concesión, tiene graves vicios. El documento es de fecha del 30 de diciembre del 2002.

Según Gonzaga, el reporte señala que la compañía Condominios Punta Castilla tenía 10 años de ocupar los terrenos cuando se hizo la inspección.

Para el Alcalde, los terrenos han estado ocupados hace más de 30 años por la Base Policial, luego de que el gobierno de Rodrigo Carazo expropió la finca al exdictador nicaragüense, Anastasio Somoza.

Gonzaga señaló que el informe del entonces inspector de la zona marítimo-terrestre omitió mencionar que en los terrenos se ubica una vieja casona de Somoza en donde funcionan aulas.

Dudas por firma. Luis Francisco Vega alegó ayer que tiene dudas sobre la legitimidad de su firma en el reporte de inspección. “No parece ser mi firma; voy a investigarlo”, dijo el empleado, quien ahora se desempeña como inspector de rentas.

Reconoció que él hizo la inspección de las tierras y que se ajustó a un mojón para realizar las medidas. Sin embargo, no precisó el número de mojón a partir del cual hizo la medición, pero señaló que no observó ninguna vivienda.

Argumentó que cuando él ya no estaba como inspector de la zona marítima, supo que se dio una sobreposición de planos por lo que era necesario hacer nuevas inspecciones de la zona, pero no se hicieron.

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