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Generosa ignorancia Si no cabe argüir ignorancia de las leyes, menos aún de lo que está pasando bajo las narices de los funcionariosLos errores y sorpresas en diversos municipios, en materia de permisos, ofenden el sentido común Nuestros reportajes y editoriales sobre la mala gestión pública y sobre la apropiación ilegal de bienes públicos, en años pasados, no tendrán, al parecer, término. Venturosamente, pese al cúmulo de informaciones sobre el particular, la capacidad de asombro se mantiene viva. Esta es una esperanza por cuanto, quizás, llegue el día en que, en vez de la indiferencia, que suele ser el epílogo de las noticias de este tipo, se tome conciencia sobre la forma como se han administrado las instituciones públicas, durante mucho tiempo, sobre el daño infligido al país y sobre la necesidad de actuar conforme a las normativa legal y moral. El reportaje de ayer de La Nación sobre el traspaso de cuatro hectáreas de la hacienda Murciélago, propiedad pública, en la zona marítimo-terrestre de Cuajiniquil, en el cantón de La Cruz, donde funciona la Escuela Policial, desde hace 30 años, forma parte de esta escalada de aberraciones. Uno de los protagonistas de esta “desfachatez”, como la llamó el ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, fue el municipio del citado cantón, que le entregó dichas tierras en concesión, en setiembre del 2003, a la compañía Condominios Punta Castilla S. A. La solicitud respectiva se publicó el 23 de enero del mismo año en el diario oficial La Gaceta y el titular de Seguridad Pública, a la sazón Rogelio Ramos, no presentó objeción alguna por cuanto, según decir suyo, no se enteró. Por lo visto, tampoco ninguno de sus subalternos. Si en el Ministerio de Seguridad Pública imperó, en la administración anterior, la ignorancia sobre este asunto, en el municipio de La Cruz, por el contrario, la solidaridad y la complacencia fueron totales. La alcaldesa de turno, Migdalia Lara, firmó el contrato de concesión con base, según ella, en el Plan Regulador de la Zona Marítimo-Terrestre, aprobado en el 2001, ignorando, pese a su destacada posición, que los terrenos estuviesen ocupados por la Policía y que el informe respectivo contenía fallas y falsedades de bulto. El autor del informe es ahora inspector de rentas en dicho municipio. Los concesionarios privados ignoraban también, al parecer, que la concesión estaba precedida de un informe con datos erróneos. Tampoco les llamó la atención a estos y a sus abogados que un terreno público, en estas condiciones, se otorgase en concesión con tanta facilidad y generosidad. Ahora, ante la decisión del ministro Berrocal de cercar la finca e impedir la construcción de los condominios, los interesados anuncian la preparación de una acción judicial. De las diversas conclusiones o reflexiones a que dan lugar estos hechos, extraemos dos. En primer lugar, la urgencia de capacitación legal y técnica de los regidores, de los alcaldes y del personal administrativo respectivo en los municipios. El número de actos ilegales y los perjuicios causados al país y a las comunidades, por esta razón, sobrepasa toda medida. El divorcio entre la trascendencia de las decisiones o de los actos administrativos, y el desconocimiento de normas elementales, en el orden legal y técnico –haciendo abstracción de los principios éticos– es público y notorio. En segundo lugar, si la ignorancia de las normas legales y técnicas es patente, este desconocimiento no obsta para que, al menos, funcionen el sentido común, la razón práctica, el buen juicio, de donde cabe sospechar si detrás de la ignorancia, real o táctica, no se ocultan otros intereses. En los municipios de mayor desarrollo material esta combinación de factores negativos nos angustia.
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